Nicolás Maduro admitió la crisis en Venezuela y le pidió ayuda a la región

A esa situación, se sumaron tres informes de ONG internacionales que cuestionaran severamente la situación de los derechos humanos y la corrupción en la nación caribeña. «Venezuela está en una situación muy difícil; vengo a sostener un conjunto de reuniones con países hermanos, presidentes hermanos», dijo Maduro esta mañana en Quito, antes de que comenzara la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). «Vengo a plantear un conjunto de posibilidades para, desde América latina, atender la emergencia económica de Venezuela, para incrementar el comercio justo, para incrementar la complementariedad y la solidaridad», agregó. Maduro enfrenta una prolongada y creciente crisis económica, a la que se sumó un conflicto de poderes desde comienzos de este mes, cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora pasó a controlar la Asamblea Nacional (parlamento unicameral). De hecho, la Asamblea anuló la semana pasada el decreto de emergencia económica que Maduro había emitido pocos días antes y con el que pretendía disponer de poderes especiales para adoptar diversas medidas, entre ellas un eventual corralito bancario. «Lo que hizo la Asamblea Nacional el jueves pasado fue inconstitucional, así lo digo y me reservo acciones que voy a tomar en el campo de la Constitución y de la legalidad, y le pido al pueblo todo el apoyo», dijo Maduro anoche, durante una reunión con un grupo de ministros. El parlamento sancionó anoche -pese al voto en contra de los diputados oficialistas- una resolución que declara al país en estado de «crisis humanitaria de salud», a raíz del desabastecimiento de medicamentos, equipos e insumos médicos, y al deterioro de la infraestructura pública. El desabastecimiento fue estimado entre 65 y 80 por ciento, respectivamente por el diputado opositor José Olivares -que es, además, médico oncólogo y radioterapeuta- y el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), Freddy Ceballos. Asimismo, la Asamblea designó a siete diputados para integrar la comisión especial que revisará la designación de 34 jueces (13 titulares y 21 suplentes) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en diciembre pasado por parte de la anterior mayoría legislativa chavista, en un proceso cuya legalidad es cuestionada por la oposición. «No solamente fueron contra la Constitución sino contra un pueblo que votó el 6 de diciembre y que quiere instituciones independientes, que quiere una democracia con base en las instituciones», dijo durante el debate el diputado Carlos Berrizbeitia, quien presidirá la comisión. Por otra parte, la MUD anunció que promoverá una «ley anticadenas», con el objeto de limitar el uso que el gobierno chavista hace de las transmisiones obligatorias de radio y televisión. Desde su asunción como presidente en abril de 2013 y hasta el viernes pasado, Maduro acumulaba 499 horas y 24 minutos de uso de la cadena nacional de radio y televisión, según la ONG Monitoreo Ciudadano. «Las cadenas han sido mal utilizadas por el gobierno y han impedido que el pueblo de Venezuela pueda tener acceso a una información objetiva e independiente», explicó el diputado opositor Tomás Guanipa. Al margen del conflicto con el parlamento, el gobierno chavista se vio jaqueado en las últimas horas por diversas organizaciones internacionales. En su informe anual, presentado hoy en San Pablo y Estambul, la ONG Human Rights Watch afirmó que en Venezuela el Poder Judicial «prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al gobierno», que aprovechó esa situación «para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos». Otra ONG humanitaria que también presentó hoy -en Washington- su informe anual, Freedom House, destacó entre los hechos relevantes del período la «persecución» a la oposición por parte del gobierno venezolano y subrayó que el triunfo opositor en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre pasado fue un «aviso a la mala gestión autoritaria» y ejemplo del «potencial de las e