La creciente participación de los inversionistas estadounidenses señala una marcada brecha entre la posición de las agencias policíacas federales sobre el juego por vía electrónica y las realidades detrás de un negocio muy próspero. También subraya la dificultad de fiscalizar las actividades fronterizas en la era de la internet al mismo tiempo que el comercio electrónico y la economía global están

creando rápidamente asociados económicos por encima de las fronteras nacionales.

Los expertos legales están divididos en cuanto a si los inversionistas de EEUU y las compañías de inversiones que operan fondos mutualistas podrían considerarse encausables por sus acciones por ofrecer respaldo financiero a casinos situados en ultramar.

La diferencia del juego por vía electrónica es que esa actividad se realiza dentro de EEUU, cuando la gente apuesta desde sus computadoras en casa, y el Departamento de Justicia ha dicho que los operadores están violando las leyes del país.

Jaclyn Lesch, una portavoz del Departamento de Justicia, dice que la agencia considera ilegal el juego por vía electrónica, pero no quiso comentar sobre ``el carácter encausable o la posibilidad de encausar a compañías o individuos''.

Pero los analistas del juego por vía electrónica y ejecutivos de la internet dicen que las inversiones enfatizan lo mucho que se está ignorando la política federal al respecto. Millones de estadounidenses usan la internet para jugar póquer, blackjack y ruleta, o para apostar sobre eventos deportivos. Los casinos electrónicos se anuncian en revistas y en televisión de cable, además de tener colocados enormes anuncios en Times Square y otros lugares donde se congregan multitudes.

El representante Bob Goodlatte, republicano por Virginia que se opone al juego, dice que el gobierno federal esencialmente ha renunciado a hacer valer las leyes contra los casinos de ultramar. Anotó que los operadores de casinos viajan libremente dentro de EEUU y se reúnen en convenciones del giro, aunque según él los fiscales tienen derecho a arrestarlos y encausarlos.

Añadió que la participación de las firmas de inversión podría ser parte de un patrón de leyes que se están violando. ''Está muy mal, y el Congreso debería investigar'', dijo Goodlatte.

Por su parte, las compañías de inversiones han adoptado la postura de que ellas saben por cierto que hay riesgos legales en invertir en casinos extranjeros, pero que los riesgos son superados por los beneficios de poseer acciones en un giro muy lucrativo y en vías de crecimiento.

Esas acciones pueden estimular los fondos mutualistas y otras clases de inversiones que venden las compañías de inversión, lo que da lugar a más rendimiento.

''Nuestro análisis muestra que la ganancia de esos valores supera al escaso riesgo'' de poseerlas, dijo el portavoz de una compañía de inversiones que no quiso dar su nombre.

Hay documentos públicos que muestran que decenas de millones de acciones de SportingBet, una compañía de la lista de la bolsa de valores de Londres que permite que se hagan apuestas sobre juegos deportivos, les pertenecen a Fidelity, a Merrill Lynch y a Goldman Sachs.

Fidelity Management tiene alrededor de $363 millones en acciones, o 14.1 por ciento de las acciones activas, mayormente en fondos mutualistas. Merrill Lynch Asset Management tiene $164 millones en valores, y Goldman Sachs Group Inc. tiene $137 millones