Polémica por la apertura de un nuevo casino en Puerto Madero

Tiene cuatro pisos, ya está atracado en la dársena Sur de Puerto Madero y los primeros apostadores comenzaron a recorrerlo. El barco Princess, el segundo casino flotante de Buenos Aires, comenzó a operar y abriría oficialmente en marzo. Sin embargo, la polémica y las acciones judiciales cruzadas en su torno continúan.

Fuentes de la empresa Cirsa, que explota el casino Estrella de la Fortuna y ahora abrió el Princess, comentaron que aunque la inauguración oficial será en marzo, el jueves hubo una "prueba piloto", con invitados, para testear el funcionamiento de las máquinas y ajustar detalles. Clarín se acercó ayer dos veces a Puerto Madero: a la tarde, los accesos estaban cerrados, pero por la noche el Princess volvió a abrir, con máquinas tragamonedas en todos su pisos, más ruletas electrónicas en el 4º.

El funcionamiento de ambas salas de juego está fuertemente cuestionado. En marzo del año pasado, el juez porteño en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad que clausurara el casino Estrella de la Fortuna (inaugurado en el 99), ya que la ley Nº 538 prohíbe que haya explotación privada de juegos de azar en Buenos Aires.

Pero esta medida chocó con otra tomada en 1999 por el juez federal Luis María Márquez, quien entendió que el casino se encuentra en territorio nacional y no porteño, y que por lo tanto no depende la Ciudad su control. Este mismo magistrado le ordenó a la Comuna que desoyera lo dictado por Gallardo. Pero el fallo de este último fue avalado en noviembre por la Cámara de Apelaciones, que además prohibió la instalación del segundo casino.

Entonces, Cirsa se presentó ante la Justicia Federal, y consiguió que otro juez, Sergio Fernández, autorizara abrir el Princess.

En el Gobierno porteño ayer informaron que apelaron la medida de Fernández, como habían hecho en su momento con la de Márquez. Pero, mientras tanto, dicen que no tienen poder de policía para cerrar el primer casino e impedir que abra el otro. La disputa es importante ya que, según Cirsa, el actual casino factura al año $ 3.760 millones, de los cuales el 20% debe ir al Estado.

Otra polémica se vive en torno a los cinco bingos que hay en Capital, y que mueven unos $ 300 millones anuales. Su concesión venció en setiembre, y tanto Lotería Nacional como el Instituto del Juego porteño convocaron a licitaciones paralelas para renovarlas, dado que ambos entienden que tienen jurisdicción sobre las salas. El miércoles pasado, el mismo juez Gallardo falló a favor de la Ciudad y ordenó frenar la licitación de Lotería Nacional. Pero se espera que este organismo apele y que la disputa continúe

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