Analizan despenalizar en el país el consumo de drogas
Aníbal Fernández dijo que no hay que
perseguir a los consumidores, sino darles protección
En lo que
implica un profundo y controvertido cambio en la política
antinarcóticos, el Gobierno admitió que se analiza despenalizar en
el país el consumo de drogas.
La novedad fue dada a conocer por el ministro de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, al hablar en el foro de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fernández reveló que se
estudia reformar la legislación para dejar de perseguir penalmente a
los usuarios de estupefacientes y, en cambio, incluirlos en un
sistema de salud. Es un primer paso hacia la despenalización, que de
todos modos deberá ser debatido en el Congreso.
“Debemos terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo
criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud”, dijo el
ministro durante su exposición en la asamblea extraordinaria del
Consejo Económico y Social de la ONU, en Viena. Advirtió, no
obstante, que “no es posible despenalizar [el consumo] si antes el
Estado no asegura una red social, de salud y laboral que contenga a
los más vulnerables”.
El ministro destacó que en esta materia estaba siguiendo
instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner. “Vamos a revisar
las normas. En nuestro país, a diferencia de Brasil, Uruguay, Suiza
o España, se copió a ultranza la Convención [de la ONU sobre
estupefacientes, de 1989], que persigue al que tiene un problema de
salud igual que al traficante. Esto no puede seguir así y no va a
seguir así.”
En el país hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales
de cocaína y conseguir drogas ilegales es bastante accesible. Así lo
afirma el 45,2% de los 56.000 consultados en una encuesta nacional
hecha por el Gobierno a fines del año pasado.
El 6,9% de los encuestados admitió haber consumido marihuana el
último año. El uso de "paco", y del éxtasis es del 0,5 por ciento,
una cifra proyectada de 80.000 personas.
Actualmente, en la Argentina rige la ley 23.737, dictada en 1989, un
año después de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas
sobre Estupefacientes, que acentúa el castigo a los consumidores, al
entender que son el primer eslabón de una cadena que termina en el
narcotraficante.
La norma local señala que si alguien es detenido con drogas para su
consumo, se inicia una causa penal que se suspende si el imputado
hace un tratamiento. "El 80 por ciento de los casos termina
prescribiendo porque los tratamientos no se hacen", dijo Fernández.
Con este cambio, la Argentina modifica su alineación con Estados
Unidos, donde prima el prohibicionista y se suma a las políticas de
algunos países europeos y de nuestros vecinos Brasil y Uruguay, que
tiene leyes más flexibles (ver aparte).
Para cambiar las leyes, el ministro nombró una comisión de notables,
integrada por jueces, fiscales, y sociólogos que trabaja en un
anteproyecto de ley con esta orientación. Está integrada por Alberto
Calabrese: especialista en el abordaje interdisciplinario del uso
indebido de drogas, el camarista Horacio Catanni: presidente de la
Sala II de la Cámara Federal y consultor de la ONU en temas de
drogas; la fiscal Mónica Cuñarro, que coordina al grupo; Roberto
Falcone, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; Eva
Giberti: coordinadora del Programa "Las víctimas contra las
violencias"; Patricia Llerena, jueza del Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 26, y Marcelo Madina, juez de la Cámara de Apelaciones
de Mar del Plata.
La jurisprudencia de la Corte en la Argentina osciló entre castigar
y no castigar al consumidor. Durante unos años en los 90 dictó el
fallo Bazterrica, que decía que el consumir tiene un problema de
salud y no penal, pero luego regresó a la línea dura anterior con el
fallo Montalvo, que volvió a penalizar el consumo. Hace un mes la
Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, máximo tribunal
penal bonaerense, también se ajustó a la postura más dura.
La Argentina, en la ONU, hizo recomendaciones que apuntan a que el
consumo es un problema de salud y no penal y que el uso de la fuerza
debe estar aplicado al narcotraficante y no al consumidor.
"Es necesario cambiar las convenciones vigentes porque el mundo es
otro. El «paco» está haciendo estragos. Debemos dejar de ser
hipócritas: los jóvenes también se enferman por el consumo de
alcohol y las pastillas, a las que acceden libremente, y los
criminalizamos por la tenencia de un cigarrillo de marihuana", dijo
Fernández en un discurso que, en parte, anticipó el diario
Crítica, de la Argentina.
Una de las ideas que analiza uno de los miembros de la comisión es
dar intervención a la justicia civil, en lugar de a los jueces
penales, cuando se está frente a un consumidor. Luego de que peritos
lo revisen y un juez decida sobre sus facultades para decidir sobre
sus bienes se lo someta a un tratamiento ambulatorio o con una
internación, controlado por profesionales, designados por el
juzgado. "En mi país, desde que se sanciono la ley de drogas
(23.737/89) hasta el año pasado, no hay una sola condena sobre
lavado de dinero y solo dos causas sobre narcotráfico que llegaran a
juicio oral durante el año 2006", dijo el ministro.
Fernández consideró que una causa por drogas le insume al Estado un
costo de unos 5000 dólares.
"Digamos la verdad. El negocio del narcotráfico es igual a
corrupción, es igual a recaudación y en ese aspecto no sólo no se ha
avanzado en el mundo, sino que las organizaciones criminales han
crecido sin igual y no hemos estado a la altura de las
circunstancias", expresó el ministro ante el foro que analiza los
avances en la aplicación de las convenciones de la ONU.
El cambio atraviesa otros ejes: el fortalecimiento de la cooperación
internacional en el control de precursores químicos y en las
entregas vigiladas y en el control de los posibles nichos de
corrupción, mejorando la inteligencia de las fuerzas de seguridad
para que los jueces tengan casos importantes.
Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION
|
Compartir este articulo : | | | | |
|
|
Como
publicitar aquí
Contacto