MORATORIA EN
TODOS LOS IMPUESTOS
La moratoria regirá para todas las
empresas y particulares, incluso en casos investigados por la
Justicia; se podrá pagar en 10 años
Mariana Verón
LA NACION
Olvido, efecto sorpresa o complicada
explicación. Lo cierto es que el proyecto más ambicioso que el
Gobierno lanzó dentro del paquete de medidas anticrisis sólo se
presentó formalmente ayer: una amplia moratoria impositiva y
previsional que la Casa Rosada calificó como "la más importante que
se haya llevado adelante en la Argentina".
En ninguno de los dos actos en los
que la presidenta Cristina Kirchner presentó anteayer su menú contra
la crisis existió la palabra "moratoria". Y, llamativamente, tampoco
dijo que la finalidad de las medidas -la repatriación y el blanqueo
de capitales, una política de fomento al empleo en blanco y un
ambicioso plan de obra pública- presentadas con bombos y platillos
tenía como condición que cada empresa se comprometiera a evitar
despidos, el pilar fundamental sobre el cual el matrimonio Kirchner
espera salir lo menos ileso posible de la debacle económica mundial.
"En primer lugar queremos destacar lo
que se conoce como una moratoria impositiva y previsional, tal vez
la más importante que se haya llevado adelante", comenzó su
explicación el jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuando ayer al
mediodía presentó los detalles del plan en conferencia de prensa.
Con la medida se beneficiarán
empresas y particulares, aun aquellos cuya deuda tributaria
originada en cualquier tipo de impuesto esté bajo proceso judicial.
La moratoria permitirá el pago de un anticipo y un plazo de 10 años
para cancelar el resto de la deuda. "Buscamos incentivar la
posibilidad a las empresas de mejorar los niveles de inversión",
sostuvo Massa.
En el anuncio, el jefe de los
ministros estuvo acompañado por el plantel de autores del proyecto
de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso: el secretario legal
y técnico, Carlos Zannini; el ministro de Economía, Carlos
Fernández; de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP,
Claudio Moroni. Todos se mantuvieron en silencio.
Pero Massa fue quien debió defender
la medida, polémica por naturaleza, de beneficiar a quien no haya
cumplido con la ley. "Estamos ante una situación excepcional,
probablemente estemos ante una crisis que desde 1930 nadie recuerda
que el mundo haya tenido", amplió el funcionario, después de semanas
de que el Gobierno negara que la crisis fuera a impactar en la
economía local.
"Cuando se termine el período de
crisis vamos a tener mucho más formalizados a nuestros trabajadores;
si para eso tenemos que resignar recursos creemos que es el
momento", se justificó.
Por omisión, el jefe de Gabinete
descartó ayer que el Gobierno vaya a acceder al reclamo de los
empresarios de contar con un tipo de cambio más competitivo. "Este
tipo de medidas [por la moratoria tributaria] ayudan a la
competitividad, que se logra de muchas maneras, también con
políticas tributarias", agregó Massa.
Resguardo
laboral
Entre los detalles del plan
presentado ayer, el proyecto incluye una cláusula de cuidado del
empleo: determina que sólo mantendrán los beneficios aquellos
empleadores que "no disminuyan la plantilla total de trabajadores"
durante el plazo de dos años.
Otro detalle que, en contradicción
con el objetivo que el Gobierno le otorgó al paquete de medidas, la
Presidenta nunca mencionó anteayer.
De la presentación de la iniciativa
también surgió que los empleados que sean formalizados tendrán como
beneficio extra el reconocimiento de cinco años de aporte
jubilatorio. "Buscamos que el incentivo para blanquearse y para
formalizarse lo tengan tanto el empleador como el trabajador", se
esperanzó Massa.
La conferencia de ayer sirvió
fundamentalmente para aclarar algunos puntos que habían quedado poco
claros de los dos discursos que había dado Cristina Kirchner
anteayer, uno ante la Unión Industrial Argentina (UIA) y el otro
ante la Cámara de la Construcción (CAC).
Del detalle surgió, por ejemplo, que
la promoción para el blanqueo de trabajadores incluirá no sólo a las
pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores, como había manifestado
la jefa del Estado.
Sobre la más polémica de las medidas,
la repatriación y el blanqueo de capitales, Massa sólo informó que
el control de los fondos lo implementarán los bancos que encabecen
las operaciones. Un dato clave: el proyecto exime de declarar el
origen del dinero. Sin dar cifras de lo que espera reingresar al
sistema, el Gobierno sólo apela a que siga la incertidumbre en el
exterior.
"La desconfianza que ha generado la
crisis de las hipotecas ha hecho que para muchos inversores sea más
seguro una inversión real en la Argentina", se esperanzó Massa
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