La AFIP
establecerá las cantidades mínimas de trabajadores para cada tipo de
empresa
Buscan fomentar el trabajo en blanco,
cotejando los cálculos oficiales de puestos de trabajo con los que
declaran las compañías. Pero la medida promete ser polémica
La AFIP aplicará presunciones en materia
laboral, por las que establecerá rangos de cantidades de
trabajadores necesarias para cada actividad. Esos parámetros serán
utilizados en el control de los aportes y contribuciones a la
seguridad social.
Esas presunciones en seguridad social serán “valores criterio”
mínimos sobre la cantidad de empleados necesarios para concretar un
trabajo agropecuario, comercial o industrial. Actuarán como
referencia para establecer la masa mensual de aportes y
contribuciones previsionales que le corresponde liquidar a cada
empleador.
Se complementarán con una red de nuevos regímenes de información
para cientos de actividades, con su consiguiente costo
administrativo para las empresas. Por ejemplo, para construcciones
de determinado metraje en adelante se preguntará cuándo empieza y
cuándo termina, entre otros datos.
Las presunciones se utilizarán para hacer controles sistémicos y
fiscalizaciones. La AFIP podrá enviar notas generales a una
actividad diciéndoles que están declarando menos trabajadores que
los que se presume necesario, o también realizar visitas de los
agentes del fisco a las empresas involucradas. Las presunciones se
aplicarán especialmente en los casos en que los empresarios no
colaboren con esos agentes.
La cantidad de trabajadores mínima ya figura en 287 manuales para
las distintas actividades económicas que maneja internamente la AFIP,
pero ahora se presentará esa información a los representantes
patronales y sindicales, para blanquearlos y empezar a utilizarlos
en la inducción y fiscalización del correcto comportamiento
empresario en materia laboral.
La ronda de consultas se iniciará esta semana con sectores de la
construcción y textiles, y en la AFIP estiman que los valores
criterios para esas actividades se establecerán en 15 días, dado que
el fisco prácticamente informará a las partes sobre los propios
cálculos que ya tiene en carpeta.
La decisión del organismo que comanda Ricardo Echegaray se basa en
las disposiciones sobre presunciones establecidas en el plan
Antievasión II (Ley 26.063) de 2005. El artículo 2 del plan
Antievasión II faculta a la AFIP a determinar de oficio las
obligaciones de seguridad social cuando resulte impugnable una
declaración jurada o cuando el empleador no la haya presentado. La
ley especifica que si el organismo carece de estos elementos podrá
estimar la cantidad de empleados y aportes previsionales necesarios
para desarrollar una actividad. Estas estimaciones se logran a
partir de las presunciones establecidas sobre la realidad económica
de un sector en los manuales de AFIP, que también tienen datos de
rendimiento, rentabilidad, utilidad brutos, utilidad neta y hasta
insumos.
Hasta ahora la AFIP no había utilizado esta facultad. Pero Echegaray
decidió ponerla en marcha y en las reuniones de esta semana se
consensuarán los parámetros que determinarán, por ejemplo, cuántos
empleados son necesarios para construir una obra de 10.000 metros
cuadrados en un plazo de 24 meses (según los manuales de AFIP serían
3,2 obreros por metro cuadrado) o cuantos trabajadores se deberían
emplear para los distintos eslabones de la cadena textil.
El conjunto de esa información será confrontada, a través de métodos
sistémicos e informáticos, con las declaraciones juradas de los
empleadores, donde se especifica la cantidad de trabajadores
exteriorizados. En caso de no existir coincidencia en los datos
consignados, comenzarán a operar las presunciones. La AFIP aseguró
que el empresario siempre tendrá la posibilidad de presentar prueba
en contrario.
Los valores criterio para cada sector serán publicados mediante
resoluciones generales de la AFIP. En 2009 el Gobierno reforzó la
dotación de agentes de la Dirección de los Recursos de la Seguridad
Social de la AFIP para fiscalizar el empleo declarado. Esa medida
permitió que durante ese año se relevaran a 65.000 empleadores y más
de 120.000 empleados. De esa tarea de campo se pudo advertir que el
25% del personal tenía algún tipo de irregularidad en su situación
laboral, lo que se mantuvo en 2010
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