Después de 28 años, Uruguay pone fin a la era del secreto bancario
Cada vez que existan indicios de evasión
al fisco, la DGI uruguaya podrá pedir, sólo por la vía judicial,
levantar el secreto. Los argentinos por ahora no están alcanzados
porque no hay convenio bilateral
La presión de la OCDE para que Uruguay
abandone de una buena vez su imagen de paraíso fiscal en el mundo ya
tuvo su primer efecto concreto: mañana, el plenario de la Cámara de
Representantes de este país convertirá definitivamente en ley el
levantamiento del secreto bancario que protege desde 1982 y hasta
hoy a los depósitos de su sistema financiero, tal cual fue aprobado
hace sólo un mes en el Senado.
La medida empezará a hacerse efectiva a partir del 1 de enero
próximo sobre todos los bancos uruguayos. Pero no afectará aún a los
ahorros argentinos porque alcanzará sólo a aquellos que pertenecen a
ciudadanos de los 12 países con los que Uruguay tiene firmado un
convenio bilateral de cooperación contra el lavado de dinero.
“En la Cámara de Representantes se va a mantener la correlación de
fuerzas que vimos en el Senado, incluso con algún voto más”, comentó
a El Cronista el diputado del Frente Amplio y presidente de la
Comisión de Hacienda, Alfredo Asti. “No hemos aplicado ningún cambio
dado que ya comienza el receso y el hecho de que volviera al Senado
hacía peligrar la posibilidad de que empezara a regir el 1 de enero
próximo”, agregó.
La norma supone que cada vez que exista algún indicio de “evasión”
al fisco, la DGI (uruguaya) podrá pedir, sólo por la vía judicial,
el levantamiento del secreto bancario. Y esto “siempre que la
información sea necesaria para la determinación de adeudos
tributarios o sobre la tipificación de infracciones”.
Sin embargo, los legisladores reconocen que, tal cual como está hoy,
el texto podría contener algunos “vacíos” o “ambigüedades” que lo
harían de difícil implementación. El Colegio de Abogados de ese país
ya advirtió que el concepto de “evasión” que incluye el proyecto,
por ejemplo, podría volver inaplicable la ley dado que esa figura no
existe desde el punto de vista jurídico. Algunos diputados habían
sugerido el reemplazo de ese término por el de “defraudación
tributaria”, pero el intento quedó en la nada: “Tanto nosotros como
los blancos, acordamos que era mejor no modificar esto porque
hacerlo no nos daba la seguridad de que el proyecto de ley se
aprobara antes de fin de año”, agregó Asti. El proyecto ya recibió
media sanción en la cámara de Senadores, pero debería regresar allí
en caso de que los diputados decidieran sobre él alguna
modificación.
El bloque de diputados del partido que responde al mandatario Pepe
Mujica se había comprometido también, el último miércoles, a
realizar consultas con senadores y el Poder Ejecutivo por otra
cuestión: el hecho de que la ley, que hoy sólo rige para las firmas
de intermediación financiera (los bancos), extienda su alcance de
modo que abarque los ahorros de los agentes de bolsa. La promesa
quedó pendiente, bajo el mismo argumento, para otra oportunidad.
A esta altura se descuenta que la sanción del proyecto no generará
ningún tipo de amenaza para la estabilidad de los ahorros argentinos
en el sistema uruguayo. Y esto, por una razón: la DGI sólo podrá
elevar pedidos de “levantamiento del secreto” a la Justicia en los
depósitos de ahorristas que pertenezcan a la lista de países con los
que Uruguay tiene firmado un convenio de cooperación. Entre ellos,
curiosamente, no está –ni estará por ahora– la Argentina.
“No hubo ningún acuerdo, ni hay ninguno previsto. Uruguay no tiene
ningún tipo de interés de firmarlo, y por ahora no hay ningún país
que lo haya pedido a nivel de relación bilateral”, contó un
legislador.
Los depósitos de no residentes en Uruguay crecieron en octubre
pasado al mayor ritmo mensual registrado desde junio de 2009 (u$s 56
millones).
El proyecto contará mañana en Diputados con el respaldo del Frente
Amplio y los “blancos” de Alianza Nacional . http://www.cronista.com
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