Tras la publicación de los
formularios para retener la subvención, las empresas de
servicios públicos coincidieron en que si se aplica
rigurosamente los criterios establecidos en la
resolución del Enargas al menos un 85% de los usuarios
de Capital y Gran Buenos Aires dejarían de recibir el
aporte estatal en sus facturas
Casi un mes después de dar a
conocer su intención de reducir los aportes en subsidios a la luz,
el gas y el agua, el Gobierno difundió los criterios principales que
utilizará para evaluar quienes pueden retener ese beneficio y a
quienes les será retirado y, por lo tanto, deberán pagar entre dos y
tres veces más por los servicios públicos.
Entre las empresas vinculadas con las tres prestaciones deslizaron
un número homogéneo: si se aplica a rajatabla los criterios esbozado
ayer por la resolución 1993 del Enargas (si bien aplica al gas se
estima que se utilizará en los otros dos servicios también), al
menos un 85% de los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires dejarían
de recibir el aporte estatal en sus facturas.
Sucede que la norma estipula criterios restrictivos para permitirle
al usuario evaluar si debe mantener los subsidios (ver infografía).
Entre ellos figuran los discapacitados, los acreedores de la
jubilación mínima, aquéllos que tengan un uso intensivo del recurso
en cuestión (por caso, quienes dependen de equipamiento médico que
funcione todo el tiempo a electricidad) o los beneficiarios de
planes, programas sociales o asignaciones familiares.
Sólo un ítem deja la puerta abierta a una negociación posterior: el
que consulta acerca si el usuario tiene “ingresos familiares
insuficientes para afrontar la tarifa plena”, algo que queda bajo la
órbita de decisión del titular del servicio.
Así, sólo quedarían unas 600.000 conexiones que continuarán
recibiendo el subsidio pleno. Son las mismas que fueron
identificados entre 2008 y 2009, luego de que el Gobierno intentó,
sin éxito, reducir drásticamente la cantidad de transferencias para
mantener congeladas las facturas. Y cubren, por caso, sólo un 12% de
las 5 millones de conexiones del servicio eléctrico en Capital y
Gran Buenos Aires. Si se considera un promedio de cuatro usuarios
por conexión, el número asciende a 20 millones.
"El grueso estará excluido de los subsidios. Quienes seguirán
teniéndolo son aquellos usuarios con los que ya hay un acuerdo
político. Esa lista fue hecha en conjunto con los intendentes y los
entes reguladores", explicaron en una de las empresas del sector
luego de analizar la resolución publicada ayer en el Boletín
Oficial.
El ahorro para el Estado, en cambio, será generoso. En el caso
eléctrico (el más representativo por la cantidad de conexiones), hoy
se destinan a subsidios unos $ 35.000 millones anuales, y un 40% de
la demanda está en la zona metropolitana.
Si se descuentan los 600.000 usuarios que conservarán el subsidio,
el ahorro podría llegar hasta los $ 29.000 millones. Otro tanto,
aunque en menor medida, ocurre con el gas (de acuerdo con números
oficiales, el año que viene se proyecta gastar unos $ 13.000
millones en importaciones) y el agua.
Resolución
La resolución del Enargas, además, deja en claro que la respuesta a
la consulta tiene carácter de declaración jurada. Y avisa que, en
caso de responder afirmativamente, un "asistente social se acercará
a su domicilio a fin de verificar la información e iniciar el
trámite de exención". Además, establece que la capacidad de pago del
cliente será "cerciorada con las bases de datos contributivas de su
grupo familiar".
También aclara que "en caso de no recibir respuesta se procederá a
la quita del subsidio que se aplica actualmente sobre su factura"
EL CUESTIONARIO QUE HAY QUE RESPONDER PARA MANTENER LOS SUBSIDIOS
