FLEXIBILIZAN EL
CONTROL SOBRE LAS OPERACIONES BURSATILES
Ante el reclamo de los agentes de
bolsa, en la UIF trabajan por estos días en modificar la estricta
resolución del mercado de capitales de modo que no afecte la
operatoria normal. IGNACIO OLIVERA DOLL http://www.cronista.com
El Gobierno empezó a trabajar por estos
días en flexibilizar la estricta normativa que dictó a principios de
este año sobre los operadores de bolsa. En unas pocas semanas, la
lupa oficial ya no estará puesta, según se prevé, en cada compra o
venta de acciones o títulos públicos del mercado, tal como había
sido establecido en la última resolución de la UIF (la 33/2011),
sino cada vez que en el mercado se perciba un ingreso de fondos.
Además, el organismo ampliará los umbrales a partir del cual los
inversores deberán justificar el origen del dinero de $ 200.000 a $
300.000 para la presentación de documentación respaldatoria, y de $
40.000 a una cifra que aún no fue definida para la obligación de
adjuntar una declaración jurada.
En las rondas de consulta y mesas de trabajo que comparten con los
principales referentes del mercado, los técnicos de la Unidad de
Información Financiera (UIF) ya deslizaron que va a haber una
actualización en el umbral, en atención a los reclamos que están
manifestando los operadores porque la idea no es interrumpir el
normal desarrollo de la actividad de cada sector.
La idea de llevar a $ 300.000 el monto mínimo para la documentación
respaldatoria es que la cifra guarde correspondencia con la que fue
fijada para el delito penal en la ley anti-lavado sancionada
recientemente en el Congreso. La segunda ampliación, en el monto
límite para la presentación de la declaración jurada hoy en los
$ 40.000, buscará eliminar las operaciones que aparece poco
relevantes para el control del lavado de dinero.
En el organismo que preside el economista José Sbatella creen que,
después del bombardeo de resoluciones que dictaron a principio de
año para ponerse al día con las exigencias del GAFI, ahora llegó el
momento de sentarse a conversar con los sujetos obligados. Con este
propósito, por caso, la semana pasada realizaron una exposición de
dudas frente a empresarios sobre la nueva normativa del mercado de
capitales, en el marco de un seminario que organizaron en el Banco
Nación, en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Las objeciones a la nueva regulación oficial, que tendrán a partir
de ahora un tratamiento especial en el organismo, fueron esbozadas
en ese encuentro desde el propio auditorio. A los empresarios les
preocupa que en la resolución 33/2011 se interprete que estas
exigencias de presentación de documentación recaigan sobre todas las
operaciones que superan esos montos. Debería corregirse la redacción
de la normativa y especificar que esa obligación recaerá sólo para
los ingresos de fondos superiores a esos montos, comentó un agente
de bolsa. En el panel estaba presente el economista Leonardo Pérez
Candreva, de la UIF, que respondió que esa alternativa ya había sido
analizada y que habrá, sin duda, una correctiva.
El tercer punto que hoy se discute en las mesas de trabajo es el
requisito que incluye la regulación de que el oficial de
cumplimiento que designan las empresas deba formar parte del
directorio. La ley antilavado aprobada ya en el Congreso había
eliminado esa pretensión.
Pero la correctiva, sancionada ya en el Senado, la reestableció. En
la UIF adelantan que, al menos en este artículos, los inversores no
deberían entusiasmarse con nuevas modificaciones
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