En la Argentina
ir a votar es obligatorio y, hasta ahora, el elector que no se
presentaba a sufragar recibía como castigo no poder realizar
gestiones o trámites durante un año ante organismos nacionales,
provinciales o municipales. A título ilustrativo, no podrá obtener o
actualizar su pasaporte.
El incumplimiento también lo inhabilita para ser
designado en funciones o empleos públicos durante 3 años a
partir de la elección.La nueva ley que presentó el Poder
Ejecutivo Nacional, además, prevé una multa de 500 pesos para
aquel que no justifique como corresponde el no sufragio. Si el
elector tampoco paga la multa, entonces quedará inhibido de
realizar, por un año, cualquier tipo de trámite o gestión en
dependencias públicas nacionales, provinciales o municipales.
A esto hay que agregarle, entre otros cambios,
que el elector podrá sufragar con la cédula plástica de
identificación personal que en el futuro irá reemplazando al DNI
en formato libreta. En la actualidad, el presidente de mesa es
el que da fe del voto emitido con su sello y firma. Lo que se
desea instrumentar son los troqueles (el elector vota y se lleva
un troquel a manera de constancia), pero la decisión final se
tomará más adelante, cuando el Poder Ejecutivo reglamente la
futura ley.
Esta imprecisión es cuestionada tanto por la
oposición como por la Cámara
Nacional Electoral, contrarios a que el nuevo sistema sea
fijado arbitrariamente por el Gobierno.Los opositores también
apuntan a otro ítem polémico del proyecto: el que prohibe que de
ahora en más los fiscales partidarios puedan votar en la mesa
que les fue asignada por su partido político para controlar el
escrutinio. La futura ley, de aprobarse, obligará a los fiscales
a votar sólo en la mesa donde están empadronados. Los opositores
advierten que esta limitación dificultará la tarea de control de
los partidos más pequeños, que no cuentan con tantos fiscales.
Todos los bloques opositores rechazan de plano
esto, y proponen impulsar la boleta única. Otra de las cosas que
se intentará impulsar es el voto electrónico que, como ocurriera
en Salta, dio muchos resultados, aunque en este ítem es el
Gobierno el que está en contra
