Vivienda

El Gobierno de España pretende que la norma sea el motor del cambio en el sector inmobiliario, así Javier Ramos, secretario general Ministerio de la Vivienda señala como este nuevo modelo permita el crecimiento sostenible del sector, haciendo que se destine el 35% de la inversión inmobiliaria a la rehabilitación y que aumente el parque de viviendas en alquiler hasta el 20%, ahora se estima sobre el 13%.11
...una reforma profunda en materia de rehabilitación para que ésta pueda ser realmente una actividad que canalice parte del empleo que se destruye en la construcción de obra nueva. Además de la fiscalidad, sería necesario modificar los parámetros técnicos exigibles en la rehabilitación tan estrictos como los de la obra nueva y que en muchas ocasiones hacen que sea preferible mantener la fachada y derribar un edificio que acometer su rehabilitación...

Es necesaria una modificación jurídica que permita acometer las obras integrales en los edificios pudiendo garantizar mecanismos que permitan realojar temporalmente a quienes habiten en ellos. Para Beatriz Corredor se trata de la iniciativa legislativa más importante de esta legislatura y considera como en el tema de vivienda, la medida más relevante, es la desaparición global de la deducción por compra.12 Para la ministra hemos comenzado una reforma estructural profundísima, anunciando mejoras en la fiscalidad de la rehabilitación, de modo que Las administraciones y las empresas tendrán que cambiar de criterio y atender a la renovación urbana y a la rehabilitación de barrios, pero para ello deberá legislarse para que obras apoyadas por una gran mayoría de propietarios no se dejen de hacer por los impedimentos de algún vecino.
 Trámite parlamentario

Para José Luis Rodríguez Zapatero esta ley sacará a España de la crisis, generará empleo logrando cambiar el modelo productivo. Entre las reformas que el Gobierno aplicará a corto plazo, como parte de la Economía Sostenible, están la reforma del sistema judicial (este mes), la formulación de un plan de lucha contra el fraude fiscal (principios de 2010), desarrollar un plan de competitividad industrial y acabar la reestructuración del sector financiero (en la primera mitad de 2010).13

Para el ministro de Fomento, José Blanco, esta ley no es una varita mágica que vaya a cambiar la economía española, señalando que la mejoría del mercado laboral dependerá directamente del esfuerzo inversor de las compañías en investigación y añadió que «en estos momentos no podemos ser conservadores. No podemos conservar un sistema financiero desprovisto de todo control, ni conservar la burbuja inmobiliaria, ni podemos conservar una Administración lenta y burocratizada».14

El Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 19 de octubre de 2009 aprueba el proyecto de Ley de Economía Sostenible con el que pretende cambiar el patrón de crecimento económico español en un horizonte de diez años, orientándolo hacia los sectores potencialmente más productivos y generadores de empleo y disminuyendo progresivamente el peso del sector constructor.15 Según José Luis Rodriguez Zapatero la norma es "coherente con el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para cambiar el modelo económico" y útil para conseguir un aumento de la competitividad, así como "nuevas respuestas inmediatas" a la crisis.16

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado el 6 de abril de 2010 encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Economía y Hacienda de la cámara.
 Críticas

La llamada "Ley Sinde" ha sido presentada en algunos medios de comunicación como un instrumento legal orientado principalmente a la persecución de las descargas de contenido con copyright por Internet17 Para Ecologistas en Acción tiene poco que ver con la sostenibilidad y mucho más con conseguir un crecimiento sostenido, por ello ha rebautizado la ley como Ley de Crecimiento Sostenido.18 Según el actual lider del Gobierno Español, Mariano Rajoy, la ley "no es ni buena, ni mala", sino "indiferente" para atajar la Crisis económica de 2008-2011.19
 El germen andaluz del proyecto

El objetivo de la Ley de Economía Sostenible, como se ha visto, es el de transformar las bases de la economía española impulsando las energías renovables, así como nuevos sectores productivos. Se persigue una economía más innovadora, con empleos estables y bien remunerados. El hecho de que el Gobierno decidiese desplazarse hasta Sevilla para aprobar el texto tiene un evidente carácter simbólico, y es que el proyecto fue concebido y gestado en Andalucía.

El origen de la Ley lo encontramos en el programa “Andalucía Sostenible”, una iniciativa impulsada por la Junta que será el primer paso del proceso cambio del actual patrón de crecimiento económico que el Gobierno pretende extender a toda España. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló en Sevilla, en el marco de un coloquio con empresarios y sindicatos, que “Andalucía es la comunidad autónoma pionera elegida para llevar a cabo el tránsito hacia la economía sostenible de manera que sirva de empuje al resto de comunidades.” A esto añadió: “Vamos a hacerlo en Andalucía y vamos a demostrar que esta comunidad tiene potencial activo por sí misma, con el respaldo del gobierno de España.”20
 Debate público

Se trata de un texto que afecta, por su dimensión estatal, al conjunto de la sociedad española y, por su carácter económico, productivo y medioambiental, al gran número de colectivos sociales que construyen día a día la economía del país, esto es, empresarios, sindicatos, trabajadores, científicos, investigadores … cada uno de los cuales defiende una postura distinta y, en algunos casos contradictoria, frente a la norma.

No es de extrañar que encontremos el apoyo a la Ley de Economía Sostenible en el Gobierno, así como en los miembros del Partido Socialista. Ante las críticas de la oposición, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido en más de una ocasión al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, “que se lea la Ley a fondo" porque "no se pueden despachar las cosas con esa ligereza". "Sé que es una ley muy larga, con aspectos muy técnicos, pero que se la lea globalmente.21

El Gobierno defiende que la lucha contra el cambio climático es una exigencia rentable. Por ejemplo el ex Presidente andaluz y Ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, explicaba que uno de los principales objetivos es "cambiar el modelo económico, ya que no se puede continuar con el mismo". La Ley "supondrá una apuesta por las energías renovables, la Investigación y Desarrollo (I+D), la internacionalización de las empresas españolas y el incremento de la productividad y la competitividad, con base al diálogo social".22

Desde el PSOE, su Secretaria de Organización, Leire Pajín, asegura que será el “perfecto revulsivo para cambiar el modelo de crecimiento y llevar España otra vez a la Champion League”.23

Otra voz es la del eurodiputado y secretario general del Partido Socialista Canario, Juan Fernando López Aguilar, quien afirma que el proyecto de Ley de Economía Sostenible es "un puntal central de la estrategia de sostenibilidad y la innovación, que es mucho más ambiciosa que la propia ley".24

La Ley de Economía Sostenible es el proyecto estrella del ejecutivo y en ella han centrado todo su esfuerzo, sin embargo, están encontrando obstáculos en el camino, ya que son muchos los colectivos que critican la iniciativa o alguno de los aspectos que la rodea. Algunos expertos sostienen que, en un sistema de libertad de mercados, no sirve de nada programar la economía, ya que el modelo no lo puede crear nunca un Gobierno, sino que son los agentes económicos, empresas, sindicatos, entidades e instituciones las que deciden el modelo con su actividad.

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, aunque reconoce que contiene elementos genéricos importantes, considera que este proyecto de ley tiene una ausencia: la definición de una política industrial no sólo a nivel territorial sino también sectorial. A su juicio sería “fundamental que se definiera una política industrial asociada al cambio tecnológico”, ya que “debería ser el pivote sobre el cuál se haría el cambio de la economía productiva”.25

Por su parte, los grupos políticos de la oposición critican la falta de ideas novedosas en este texto, más allá de las claves económicas ya conocidas. En esta línea, el líder del PP, Mariano Rajoy, lo califica de “sarcasmo”, “juego malabar”, “truco propagandístico”, “bagatela de colorines”, o, gráficamente, “rótulo luminoso en un solar vacío”. Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP y presidente de los 'populares' andaluces, Javier Arenas, considera la Ley un "lema publicitario" donde "no hay ni una sola reforma profunda para salir de la crisis", y añadía que "la economía será insostenible mientras este Zapatero"26

El resto de partidos tampoco ahorra en críticas al proyecto. El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez, cree que el proyecto tiene “mucho envoltorio y poca proteína”. Así, Josu Erkoreka, el portavoz del PNV, censura al presidente la cascada publicitaria por una ley “con tan poco contenido”.27
 Regulación de descarga de contenidos

La Ley de Economía Sostenible contempla en su Disposición Final 43ª28 la regulación de las descargas en Internet. Esta medida ha generado un debate público de importancia en el que el Gobierno de España, la Industria Discográfica y los usuarios defienden sus posicionamientos:
 Gobierno

La titular de Cultura, Ángeles González-Sinde, es la artífice de la nueva medida gubernamental que pretende regular las descargas de contenidos con copyright en España.

Según el último informe de la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI), España ha cerrado el 2009 con un 17% menos de facturación en el mercado musical mientras que las descargas de Internet subieron un 10,5 %.29 Este es uno de los datos que desde Cultura se manejan como reflejo de la difícil situación que existe en España debido a las descargas no autorizadas.

La Ley de Economía Sostenible (LES), presentada el pasado mes de diciembre, es la que contempla, en sus disposiciones finales, la regulación de este ámbito que se hace meses después de que el Parlamento Europeo aprobara el Paquete de Telecomunicaciones30 que autoriza el corte del acceso a Internet a los usuarios que, reiteradamente, violen los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, hay que situar la bautizada como ‘Ley sinde’ dentro del marco de actuación que la Eurozona está aplicando para sus gobiernos respecto a la regulación de Internet. Además, esta iniciativa casa con la presidencia de la Unión Europea que ostenta España desde principios de 2010 y permite al Gobierno Español tener una respuesta de aprobación ante sus socios europeos, sobre todo Francia31 y Reino Unido,32 que habían empezado a adoptar medidas restrictivas respecto a las descargas no autorizadas desde hace varios años.33

Desde el inicio de la polémica, Ángeles González Sinde y el Ministerio de Cultura han sido firmes en cuanto a la sección de la ley de Economía Sostenible que afectaba a Internet. A pesar de las protestas de los ciudadanos y de las distintas asociaciones, desde un principio, la ministra se ha negado a suprimir la Comisión de Propiedad Intelectual, y que es uno de los puntos que más disputa ha suscitado dado que sería la futura encargada de decidir qué páginas cerrar.
 Industria cultural

En España, La Coalición de Creadores representa a la industria cultural y a las sociedades de gestión y está formada por entidades como la Sociedad General de Autores (SGAE), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la asociación de Productores de Música de España, (Promusicae).

Desde 2009, con el nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura, la Coalición ha reforzado sus encuentros con los grupos políticos y el Gobierno para aunar posturas en torno a la regulación de las descargas, siempre mostrándose partidaria de una “ley antidescargas”. Incluso, la Coalición ha mandado cartas34 al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, exigiendo respeto por la profesión e instando a que el Ejecutivo tomara medidas en el asunto. Por tanto, la industria cultural, desde el primer momento, ha apoyado la decisión del Gobierno de legislar acerca de las descargas en Internet.

Por su parte, Eduardo Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), considera que la ley de Economía Sostenible es “amable” en comparación con otras normativas como las de Francia35 y Reino Unido.36
Los consumidores tendrán que aceptar seriamente que vivimos en una economía de mercado garantizada por la Constitución, en la que las cosas tiene un precio y sólo el Estado puede decir que la cultura sea gratis.
Teddy Bautista: "si el Estado quiere 'cultura gratis', que incluya a los creadores entre los funcionarios"37
 Usuarios

Desde la aparición en escena de la Ley, las comunidades de usuarios se han manifestado en contra.

Blogueros, periodistas, abogados, administradores de webs, y un largo etcétera de usuarios han criticado la iniciativa del Gobierno aduciendo muchas razones. En primer lugar, consideran que se trata de una ley que obedece a criterios empresariales y desatiende los derechos de los internautas, tal y como reclaman organizaciones de consumidores.38 Además, deja en una situación ambigua muchas prácticas de los usuarios de internet.

En un primer momento, el anteproyecto de ley daba plenas facultades a la comisión para cerrar las webs pero el gran revuelo ocasionado obligó al presidente Zapatero a intervenir39 y asegurar que “no se cerrará ninguna web sin orden judicial”. Además, la nueva ley introduce conceptos como los de "ánimo de lucro indirecto" o "pretensión de causar daño", lo que supone la creación de un aparato jurídico para perseguir a las personas que descargan contenidos sin consentimiento de su autor.

El conocimiento de la Ley de Economía Sostenible provocó una revuelta en Internet como nunca antes se había dado. Se redactó un manifiesto40 que ha sido respaldado por miles de usuarios a través de las redes sociales y que critica que se sitúe los derechos de autor por encima de derechos fundamentales como el derecho a la privacidad. Además, se convocó una manifestación41 como protesta ante tales medidas.