Una adolescente de tan sólo 13 años de edad está cursando un embarazo de siete meses de gestación y el padre de la criatura es su propio hermanastro, de 30. La Policía y la Justicia comenzaron a investigar este caso para establecer si hubo o no abuso sexual.

Cuando la Policía se enteró le preguntó a la madre de la menor por qué no había puesto en conocimiento el caso, respondiendo: “No quería que la Policía intervenga porque el padre del bebé es hijo de mi actual pareja”. Además acotó: “Mi actual pareja me amenazó que si denunciaba a su hijo, me correría de la casa con mis ocho hijos”. Estas fueron las declaraciones textuales de la mujer cuando fue interpelada por las mujeres policías de la Comisaría 4ª del Menor y la Mujer de Añatuya, a cargo del oficial subinspector Fabián Eduardo Nieto.

El hecho
Fuentes policiales consultadas indicaron que tras un trabajo previo de inteligencia se dieron con la noticia de que en la localidad de Puente Negro, ubicada a cuatro kilómetros de Colonia Dora (Avellaneda), vivía una menor de tan sólo 13 años de edad que cursa un embarazado de siete meses. Se hicieron las averiguaciones pertinentes y descubrieron que su propio hermanastro, de 30 años de edad, era el padre de la criatura. Ahora los investigadores, junto a la Justicia añatuyense, tratan de establecer si ese embarazo fue fruto de un abuso sexual o consentido.

Lo cierto es que durante varios meses el estado de la menor fue “tapado” por temor o amenazas.

Fuentes policiales señalaron que en la jornada de hoy un asistente social irá a la vivienda de la menor, que habita junto a su hermanastro, con el sólo objetivo de recabar mayor información que posteriormente será entregada a la magistrada interviniente. El caso comenzó a ser investigado por la doctora Roxana Vera, jueza de turno.

Lo que dice sobre esto la Ley de Minoridad
Los menores de edad tienen derecho a no ser sometidos a tratos violentos, discriminatorios, humillantes; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos, explotación sexual. Los niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. La persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica deben denunciarlos