Según el denunciante, "el escándalo que
salpica al vicepresidente Amado Boudou en torno a sus
vínculos con empresarios que oficiarían de testaferros suyos
en negocios millonarios con el Estado -que recrudeció
gracias a la adquisición de la ex firma Ciccone- no deja de
deparar sorpresas día tras día".
Y señala que "gracias al testimonio de la ex
mujer de Alejandro Vandenbroele, uno de los supuestos
prestanombres de Boudou, se pudo descubrir la punta del
ovillo de una trama que hoy ha impulsado una investigación
judicial por supuestas negociaciones incompatibles que roza
al referido funcionario".
La presentación fue efectuada junto al
abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y solicitaron que se
investigue la configuración de los delitos de encubrimiento
y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código
Penal) y enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia presentada, el
Vicepresidente "no solo sería partícipe de sospechosas
operaciones incompatibles con su función de servidor del
pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que
están siendo investigados por la justicia federal, sino
también, que llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito
del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su
titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a
esta encuesta que se propugna-, configuraría el delito
previsto y reprimido por el Art. 268 del Código Penal de la
Nación".
Allí se mencionan algunos de los hechos que
rozan a Boudou: la compra de terrenos en el exclusivo Barrio
Privado del Partido de la Costa denominado "Costa
Esmeralda", localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires;
a su participación accionaria directa o indirecta en las
sociedades sospechadas de corrupción Compañía de Valores
Sudamericana S.A y London Supply; y en la sugestiva locación
"simulada" del inmueble que habita el enrostrado en calle
Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto
Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amén de contar con
suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias
locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco
Francés, American Express y Citibank, lo que no se condice
con su sueldo de empleado público durante el última década.
En consecuencia, se pidió a la Justicia el
entrecruzamiento de la información de las personas y
empresas antes aludidas y las que se consignan a
continuación, todas cercanas al Señor Vicepresidente,
enfocándose especialmente en los movimientos y adquisiciones
que hayan hecho aquellos y las firmas respectivas.
La causa lleva el número 1999/2012.
Esta denuncia se suma a otras que señalan
al vicepresidente.
Una por dádivas, realizada por el abogado
Ricardo Monner Sanz; otra que está en el juzgado federal de
Sergio Torres por el uso del helicóptero de un contratista
del Estado; una efectuada por el diputado Claudio Lozano por
uso de fondos de la ANSES que está radicada en el juzgado de
María Romilda Servini de Cubría y otra más, donde se
investiga si puso a su a su nombre un auto con documentación
falsa, que instruye el juez Claudio Bonadio
