Alerta de un experto estadounidense por el vacío legal sobre los ciberdelitos en la Argentina

“El motivo principal por el que la Argentina debería poner atención en el tema de la seguridad informática, es su economía: si no ofrece un ambiente seguro en la red, no atraerá inversiones del extranjero y no crecerá su comercio electrónico”. De esta manera, el fiscal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rodolfo Orjales, instó a las autoridades legislativas nacionales a propiciar un marco regulatorio que contemple las nuevas conductas informáticas y posibilite su tipificación como delitos en el Código Penal.

El funcionario judicial estadounidense se presentó en nuestro país en el marco del Primer Seminario Internacional sobre Delitos Relacionados con la Tecnología, realizado esta semana en el Auditorio del Grupo Clarín. El evento fue organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el Ministerio Público Fiscal, el Departamento de Análisis Informático de la Policía Federal Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ciudad Internet y AOL.

Tras referirse a las diferentes instancias del sistema penal en los EE.UU. (desde las primeras averiguaciones de las agencias federales hasta el dictado de sentencia del juez responsable de la causa), Orjales definió tres formas de delito informático: utilizando una computadora como un arma (es decir, valiéndose de ella para robar o causar daños a sistemas), como una herramienta (empleando la tecnología para cometer crímenes tradicionales como la estafa, la piratería o la distribución de pornografía infantil) o como un depósito (acopiando datos vinculados con actividades ilegales).

Estas transgresiones rara vez ocurren dentro de una única jurisdicción. Por el contrario, un “hacker” puede, desde su lugar de origen, atentar contra sistemas informáticos de cualquier parte del mundo. Ante esta situación, la falta de uniformidad en las legislaciones de los distintos países dificulta la tarea de reconocer y detener a un delincuente cibernético. “Hay sólo dos maneras de poder descubrir a las personas responsables por este tipo de delitos. Una, si se lo puede identificar durante los 15 minutos en los que está delinquiendo. La otra es utilizando los datos del proveedor del servicio de Internet, explicó”.

Orjales agregó que, “cuando una persona se conecta, hay un documento en algún lugar registrando su actividad, pero esos datos tienen una vida limitada. Cuando un país requiere la asistencia de los EE.UU., por ejemplo, para obtener información de una cuenta de Hotmail, de Yahoo! o de AOL, esa asistencia sólo es posible cuando la conducta es delito en los EE.UU., o cuando hay criminalidad mutua; es decir, si el delito fue cometido en ambos países”. En esa dirección, Orjales criticó la falta de leyes que protejan la seguridad informática en nuestro país y en toda Latinoamérica y realizó una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de formular la nueva legislación.

“Hay que poner atención a los términos que se van a usar: asegúrense que sean tecnológicamente neutrales. Sabemos que la tecnología cambia rápidamente, no nos encarcelemos usando términos de computadora, ya que, quizás, dentro de 5 años, la computadora sea un equipo antiguo. Usen términos que se puedan aplicar hoy y, también, durante los próximos 20 años, porque sabemos que el proceso legislativo es muy lento. A su vez, usemos términos que sean inclusivos y no exclusivos: incluyamos computadoras, teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos”, sugirió Orjales.

Asimismo, instó a emplear en la redacción de las normas un vocabulario homogéneo y constante: “No empiecen a hablar de computadoras o sistemas electrónicos y en otra ley hablen de PC o laptop, porque, si no, los jueces van a preguntarse por qué el Congreso usó un término diferente. Otra cosa que necesita la Argentina es una manera de darle la autorización a las fuerzas del orden público para forzar a un ISP a que preserve cierta información sin la necesidad de ver primero a un juez y, también, un resorte para obligarlos a que entreguen esos datos con una orden de la Corte”.

Finalmente, el fiscal se refirió a un tema recurrente cuando se habla de seguridad informática: el muchas veces difuso límite entre la investigación y la violación de la privacidad. Según Orjales, “tenemos que balancear los intereses que compiten: las autoridades necesitan obtener esos datos, pero, del otro lado, tenemos a los ciudadanos, que tienen el derecho de preservar su privacidad”. Y explicó: “Si se trata de saber quién es el dueño de determinada cuenta, no se está invadiendo demasiado la privacidad del individuo. Pero es distinto si yo quiero ver sus comunicaciones, incluyendo las que aún no ha abierto. Y como la invasión de la privacidad es algo serio, debemos mostrar más motivos para convencer al juez para que ordene la entrega de los datos”.

Fuente: clarin.com

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