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Cuáles son hoy las profesiones más riesgosas

Jueces, médicos y alcaldes viven en la mira de terroristas

Elbert Cerón vive en su casa con cuatro guardaespaldas y, cuando sale a la calle, debe circular acompañado por 20 soldados, casi un regimiento.

Cerón es intendente de una ciudad en el sudoeste de Colombia, país donde los paramilitares y la guerrilla ya mataron a más de 65 alcaldes en los últimos siete años.

Ser alcalde o médico o juez no es una tarea insólita ni extrema. Pero, en varios países, muchos de ellos viven en riesgo constante porque sus actividades se han convertido en blancos de paramilitares y de terroristas.

Desde Indonesia hasta Colombia, desde Chechenia hasta España, la situación política obliga a esos profesionales y funcionarios a tomar cada vez más precauciones porque su trabajo y, sobre todo, su vida están bajo amenaza permanente.

Los miembros de Médicos Sin Fronteras (MSF) se ocupan tanto de curar una gripe como de combatir una epidemia de cólera en terrenos siempre considerados difíciles. “El riesgo cero no existe en ninguno de nuestros contextos de intervención”, dijo el argentino Guillermo Bertoletti, director de operaciones de la organización, en comunicación telefónica con LA NACION. Cada año, unos 2500 voluntarios parten en misión a alguno de los 80 países donde opera esta organización humanitaria.

Según Bertoletti, desde que se inició la lucha de la Casa Blanca contra el terrorismo el peligro de los voluntarios de MSF ha aumentado "porque los extremistas confunden la ayuda humanitaria con la invasión occidental".

"El año 2004 fue trágico para nosotros: murieron cinco médicos en Afganistán y dos en Sudán, sin contar los secuestros en Chechenia o Colombia", señaló Bertoletti.

Ningún médico de MSF había muerto en 2003. Pero obligada por la violencia, la organización decidió, en julio de 2004, suspender sus tareas en Afganistán. "Eramos víctimas de ataques premeditados", dijo Bertoletti.

Sin embargo, uno de los principios básicos de MSF es no utilizar ningún tipo de escolta militar, ya que para ellos es incompatible con la imparcialidad que intentan mantener en sus tareas. El único dispositivo de seguridad de sus médicos es el "sentido común" y la "comprensión de la problemática" del lugar.

Por precario que parezca, este escudo es la única manera de "conquistar el espacio humanitario, porque la escolta militar armada aleja a las víctimas", según Bertoletti.

Este no es el caso de otras organizaciones humanitarias, como Care International, que hoy supervisa un programa de ayuda alimentaria en zonas devastadas por el tsunami de diciembre último en Aceh, Indonesia.

Care, cuya directora en Irak, Margaret Hassan, murió en manos de extremistas el año pasado, puso en marcha un dispositivo para garantizar la seguridad de sus miembros. Particularmente en Aceh, donde podrían ser blancos de ataques de separatistas.

Melanie Brooks, miembro de Care, está en Aceh desde hace unas semanas, hospedada en una precaria casa de familia indonesia. "Acá tenemos todo tipo de peligros: situaciones difíciles con los militares, la amenaza fantasma de los separatistas, pero también riesgos a nivel sanitario, como enfermedades, la ingestión de comidas en mal estado o de agua no potable", contó Brooks en comunicación telefónica desde Aceh con LA NACION.

A principios de este mes, las autoridades indonesias hicieron saber a las organizaciones humanitarias presentes en Aceh que no podrían ingresar en ciertas zonas peligrosas y que precisarían de una autorización del gobierno para circular por la provincia.

Brooks comparte la casa con una familia indonesia, con otros socorristas y con un agente de seguridad europeo, que se encuentra en contacto las 24 horas con una delegación de la ONU, en Aceh.

Cuando Brooks sale a cumplir con sus tareas humanitarias, debe hacerlo acompañada de un indonesio que cumple las funciones de traductor y de guardia de seguridad. Sin embargo, ella sólo está autorizada a trabajar de día, entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, porque las calles son demasiado peligrosas por la noche.

Gobernar por teléfono

También los funcionarios públicos de ciertos países viven bajo una amenaza permanente, incluso una vez terminado su mandato. Según la Federación Colombiana de Municipios (FCM), dos intendentes y doce ex intendentes fueron asesinados en 2004.

Gilberto Toro, presidente de la FCM, afirmó que la situación de los alcaldes mejoró en 2004, pero aún sus vidas corren peligro. Algunos han tenido que montar oficinas "de combate" alejadas de su ciudad y gobernar literalmente por teléfono. "Todos los intendentes vivimos con miedo a ser atrapados por la guerrilla, porque si caemos, difícilmente salgamos vivos", dijo Cerón, intendente de la ciudad de Mocoa, capital del departamento colombiano del Putumayo, en comunicación telefónica con LA NACION.

A fines de 2004, Cerón sobrevivió a un atentado. La camioneta que siempre usa recibió más de diez disparos de fusil, pero por suerte él había cambiado de vehículo tan sólo unos minutos antes, por precaución. El presidente de la FCM explicó que "la guerrilla y los paramilitares exigen a los intendentes que les den plata del presupuesto municipal y, si no, los amenazan con secuestrarlos o con matarlos".

En el País Vasco, los jueces son uno de los blancos predilectos del grupo separatista ETA. Por esa razón, todos los magistrados y fiscales que trabajan en ciudades vascas están obligados a llevar escolta armada y cuentan con una serie de incentivos laborales y económicos para hacer más atractivo un puesto peligroso. Tienen dos semanas más de vacaciones al año, un plus especial en su sueldo por dificultad y facilidades para la compra y el alquiler de su vivienda.

Los juzgados del País Vasco son los que resultan menos atractivos para los jóvenes jueces españoles. Los egresados de la última promoción de la Escuela Judicial de Barcelona debían elegir plaza en un juzgado español en función de su promedio. El País Vasco debía cubrir diez plazas; cinco de ellas fueron elegidas por los egresados de peores calificaciones.

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Fuente: http://www.lanacion.com.ar

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