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Quién regula el juego en la
ciudad
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El conflicto entre la Nación y
la Ciudad de Buenos Aires por el manejo y control del
juego en el territorio porteño parecería estar cada vez
más lejos de una solución. En efecto, sus autoridades se
encaminan hacia un mayor enfrentamiento cuando se
produzca, pasado mañana, el vencimiento de la concesión
de las cinco salas de bingo porteñas |
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El gobierno de la ciudad llamará a
licitación para buscar empresas que quieran operar esas salas de
juego, mientras que la Nación decidió llevar adelante su propia
convocatoria, al tiempo que prorrogó las concesiones a los actuales
operadores.
En principio, legislar sobre los juegos de azar es competencia de
los gobiernos provinciales, dado que las provincias no delegaron ese
derecho al constituir la Nación. No obstante, la Nación puede
suplantar al estado provincial cuando se presentan situaciones
fácticas relacionadas con el orden público, la moral pública o un
interés que trasciende al local. Esta situación se produjo algunos
años atrás, cuando la regulación de los juegos de azar fue
encomendada al gobierno nacional.
Desde entonces, el producto de la explotación de tales juegos era
destinado a obras de asistencia social y salud pública en todo el
país y al fenómeno del turismo en las provincias. El paso del tiempo
fue constatando que la solución adoptada no resultó eficaz, toda vez
que lo recaudado era objeto de una distribución arbitraria que no
beneficiaba con un criterio ecuánime los intereses provinciales,
frente a lo cual el gobierno nacional -a través de convenios con las
provincias- les reasignó la explotación de los juegos de azar.
La autonomía concedida a la ciudad de Buenos Aires con la reforma
constitucional de 1994 suscita diversos conflictos de competencia
con el Estado nacional debido a la coexistencia, en un solo
territorio, de dos niveles de gobierno: el local y el nacional.
Entre algunos de esos conflictos puede mencionarse la necesidad de
precisar cuál de esos gobiernos está habilitado para regular los
juegos de azar y, por añadidura, decidir sobre su administración y
el destino de los fondos que genera su explotación.
Al respecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece
que mientras sea la capital de la República, su autonomía derivada
no solamente está subordinada a ella, sino también a la ley que
sancione el Congreso para preservar los intereses de la Nación.
Este esquema institucional determinó que la regulación de los juegos
de azar prosiguiera en manos de la Nación, a pesar de la firme
oposición de las autoridades porteñas, que se resistían a perder una
importante fuente de recursos para las arcas locales. Ello dio lugar
a distintos conflictos que se tradujeron en acciones judiciales, por
ejemplo, en los casos del casino flotante, de las máquinas
tragamonedas del Hipódromo de Palermo o de la instalación de un
segundo barco casino en el puerto de la ciudad.
Pocos días atrás, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de la Ciudad decidió que sólo la justicia porteña
tiene facultades sobre el juego en el distrito. En la sentencia, los
camaristas invocaron la autonomía de Buenos Aires y precedentes de
la Corte Suprema donde el procurador general ya había dicho que ni
antes ni después de la reforma constitucional de 1994 existió
atribución federal con respecto a los juegos de azar.
El fallo adquiere trascendencia jurídica y económica de cara al
vencimiento de las concesiones de las salas de bingo que funcionan
en la ciudad de Buenos Aires.
Este convulsionado escenario revela la gran dimensión económica que
acompaña a los juegos de azar, y los consiguientes intereses
políticos que se generan en torno de una fuente importante de
recaudación fiscal. La industria del juego se expandió de manera
sostenida en todo el país durante los últimos años. Prueba de ello
es que no sólo existen 140 casinos, 59 bingos y 31.174 máquinas
tragamonedas oficialmente registradas, sino que cuando termine el
año se habrán apostado más de 12.000 millones de pesos, un promedio
de 1.369.000 pesos por hora.
La magnitud del volumen del juego es impactante, tanto que la cifra
total de las apuestas en nuestro país -según los datos proyectados
para 2005- duplica el presupuesto de la Capital Federal, el tercero
del país detrás del de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.
La Argentina debería comenzar a debatir la necesidad de erradicar el
juego. Mientras tanto, sería deseable que se dispusiera una partida
relevante de los ingresos que produce para educar a la población,
instarla a disminuir ese hábito improductivo y advertirla sobre los
riesgos de adicción y desorden al que puede llevar una ilusión
quimérica por el dinero fácil
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