El magistrado consideró que «no se vislumbra, al menos en forma manifiesta, que el sistema de inscripción en línea para los establecimientos de educación de gestión pública estatal implique una violación palmaria del derecho de acceso a la educación». «Además debe tenerse en cuenta la complejidad técnica del tema en cuanto a los distintos aspectos (académicos, pedagógicos, administrativos, sociales, etcétera) …
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