Nueva ley de Defensa a la Competencia

Una de las promesas del Gobierno, explicitadas en el propio Plan Productivo Nacional, reza así: «Se fortalecerá la defensa de la competencia y la transparencia a fin de favorecer la entrada de nuevas empresas, la baja de costos de insumos y alentar inversiones». Ayer el Gobierno dio un paso en esa compleja dirección.

El oficialismo presentó en sociedad su nueva ley de Defensa a la Competencia, que no sólo prevé la posibilidad de aplicar multas multimillonarias de hasta $3.000 millones -actualizables por inflación-, sino que además suma la figura del arrepentido para luchar contra los carteles.

La presentación del proyecto de ley estuvo a cargo ayer de la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, quienes ofrecieron una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, por donde ingresó el plan oficial. Estuvieron además el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot.

Carrió calificó al proyecto como un «adelanto enorme» y recordó que en la gestión kirchnerista nunca se abordó el tema. «Es cierto que hay concentraciones económicas que se van a terminar», enfatizó.

El proyecto oficial tiene varias claves. En un primer vistazo, crea la Autoridad Nacional de Competencia, organismo descentralizado e independiente, que estará formado por un tribunal de Defensa a la Competencia (cinco miembros por 5 años) y también dos Secretarías de Instrucción. Todos los miembros serán seleccionados por concurso.

Además, el Gobierno incorporó sanciones disuasivas millonarias. Habrá con criterio del beneficio ilícito, esto es de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva; también, con criterio porcentual (hasta 30% del volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto o hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio) y por último, con criterio monetario, o sea, de una multa de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalente a $3000 millones ajustables por el índice de precios del Indec). Hasta ayer era de $150 millones fijos.

Habrá una figura del arrepentido. Se llamará «programa de clemencia para detectar carteles». Con este mecanismo se establecerá un beneficio de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran al «Programa de Clemencia», en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel.

«Los Programas de Clemencia han demostrado ser el instrumento más efectivo para detectar y sancionar carteles a nivel internacional [EE.UU., Unión Europea, Brasil, Chile, México, entre otros]», afirmaron desde la Secretaría de Comercio. El programa estará diseñado de tal modo que genere incentivos claros para «delatar» a los carteles. Estos incentivos serán: una exención total al primero que se adhiere y una reducción parcial para los siguientes (en sumarse al programa oficial).

Se sumará un control previo, con la incorporación de un procedimiento simplificado (fast track) respecto de concentraciones que a priori no presentan efectos negativos a la competencia. El Gobierno dispuso también la actualización de los umbrales permitidos para fusiones y adquisiciones para que «no haya tanta burocracia como en la actualidad».

En ese sentido, en cuanto al volumen de negocio conjunto de los grupos económicos involucrados llegarán a 150 millones de unidades móviles (equivalente a $2250 millones actualizables por IPC) y con relación al monto de la operación será de 20 millones de unidades móviles (equivalente a $300 millones actualizables por IPC), confiaron.

Se creará la Subsecretaría de Fomento a la Competencia y se implementará un Fondo de fomento de la competencia. «Tenemos que crear las condiciones para que la Argentina tenga reglas claras para los consumidores», afirmó Cabrera.

«Esto busca evitar abusos que afecten el bolsillo, completó Miguel Braun, secretario de Comercio.

Fuente: La Nación