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Lo decidió la Cámara Federal de Casación Penal, que abrió las puertas nuevamente a la investigación por encubrimiento de los iraníes imputados en la causa AMIA. Entre los acusados también se encuentran los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, el diputado nacional Andrés Larroque y el ex canciller Héctor Timerman
La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal protagonizó hoy un antes y un después en la historia judicial argentina. Resolvió la reapertura de la investigación iniciada por el fiscal fallecido Alberto Nisman sobre la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner y otros funcionarios y dirigentes políticos por supuesto encubrimiento a los iraníes imputados por el atentado a la AMIA.
La Cámara integrada por la jueza Ana María Figueroa y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky decidió a favor de la reapertura de una causa reclamada durante casi dos años por diversos sectores políticos, funcionarios públicos y organizaciones como la DAIA.
De esta manera, se reabrió una causa que pareció sepultada durante casi dos años. En el medio estuvieron presentes los rechazos del juez federal Daniel Rafecas y luego de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Feller, de la Cámara Federal, quienes desestimaron la denuncia hecha por Nisman el 14 de enero de 2015, apenas cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento del edificio Le Parc, en Puerto Madero.
La Cámara de Casación atendió así al pedido de reapertura de una causa basada en dos elementos clave: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el famoso Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.
Asimismo, los magistrados desestimaron los argumentos esgrimidos en los últimos días por los abogados de Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes en su momento reclamaron «la desestimación por inexistencia de delito» y «la invalidez de uno de los pretendidos elementos probatorios», en referencia al audio cuya grabación nadie se atribuyó.
