Subtítulo: La Justicia Federal asume el caso del ataque a TN, calificado como "intimidación pública", con vínculos políticos en la mira.
La causa que investiga el ataque al edificio de Artear, donde se encuentra el canal de noticias TN, ha sido trasladada de la justicia porteña a la Federal. Este cambio se debe a que el ataque se enmarca dentro del delito de «intimidación pública», lo cual corresponde a la competencia federal.
El ataque vandálico y sus implicancias
El incidente, que tuvo lugar el 10 de junio, fue llevado a cabo por militantes kirchneristas y algunos empleados de organismos estatales. Ocurrió poco después de la condena a seis años de prisión por corrupción a la expresidenta Cristina Kirchner.
Reacción de los militantes
Tras la decisión de la Corte Suprema, que además inhabilitó a Cristina Fernández para ocupar cargos públicos, un grupo de militantes se dirigió a su casa en San José 1111. A partir de ahí, un grupo disidente causó daños en la sede de Artear, realizando pintadas y rompiendo vitrinas y puertas.
Traslado de la causa a la Justicia Federal
Este jueves, TN informó que la causa, inicialmente supervisada por el fiscal Andrés Scanga, fue derivada a la Justicia Federal. El juez determinó que las acciones de los imputados representaban un delito de intimidación pública, justificando así el cambio de jurisdicción.
Vínculos encontrados entre los acusados
Un nuevo informe judicial del Centro de Información Judicial (CIJ) reveló conexiones entre los imputados y otros seis sospechosos involucrados en el ataque, todos asociados a la agrupación La Cámpora y otras corrientes del kirchnerismo.
Comunicación durante el ataque
Entre las 19:50 y las 23:54 del 10 de junio, se registraron múltiples llamadas entre los seis imputados, incluidos Alberto Alejandro Grasso Rivaldi, Pablo Daniel Giles y Matías Sebastián Federici, y concejales de Tres de Febrero.
Identidades relevantes en la investigación
El informe también destaca al concejal Juan Agustín Debandi, perteneciente a La Cámpora, y a Santiago Ezequiel Gambarte, un estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Se identificaron otros contactos, incluyendo a Paula Benítez, empleada de la Dirección de Cultura bonaerense.
Un panorama más amplio
La investigación incluye a Ángel «Pachu» Pereyra, un ex empleado del Renaper, así como a Melisa Escandar, trabajadora de la Dirección General de Cultura de Buenos Aires. También se han vinculado llamadas de Hugo Escobar, empleado de la Cámara de Diputados, y otros actores políticos cercanos a los hechos ocurridos.
Estos hallazgos sugieren una red de comunicación entre varios involucrados y ponen de relieve las conexiones políticas que rodean el caso, ampliando las implicancias del ataque a TN.
