Piden investigar si hubo delito en la negociación de pago a los fondos buitre

Delgado dictaminó a favor de investigar una supuesta defraudación a las arcas públicas en base a una denuncia presentada ayer, y pidió medidas de prueba al juez federal Sebastián Casanello, según el dictamen al que accedió Télam. En su escrito señaló que «las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan», y calificó de «bastante frustrante» las experiencias de su fiscalía en la materia. Pese a ello, impulsó la denuncia y pidió al juez que requiera los documentos que hayan estado «directa o indirectamente» relacionados con la negociación con los holdouts en la Justicia estadounidense, o cualquier otra instancia judicial que se haya abierto al respecto en el mundo. Delgado dictaminó a favor de abrir una investigación en la denuncia presentada ayer por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis, y otro centenar de firmantes contra el Gobierno Nacional por la negociación con los fondos buitre. La denuncia se presentó contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, su gabinete y legisladores nacionales, durante un acto hecho ayer en los tribunales federales de Retiro, al que asistió, entre otros, la ex ministra de Economía del kirchnerismo Felisa Miceli. Al entender que hay elementos para impulsar la pesquisa, el fiscal remarcó que los denunciantes «concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por U$S 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares». «En cierto modo, afirman que si ello es así, se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas plasmadas en la ley 27.707», agregó en el dictamen. El fiscal sostuvo que «la cuestión nodal tiene que ver con la vigencia formal, pero no real, de los incisos 4° y 7° del artículo 75 de la Constitución Nacional que asignan al Congreso de la Nación la materia ‘deuda'». «Como el parlamento delegó en el Poder Ejecutivo esa facultad a través de la ley 24156, es en las previsiones de esta norma donde se encuentra la clave para determinar si este nuevo capítulo del endeudamiento posee ribetes delictivos», agregó. Entendió que «cuando el Congreso delegó sus facultades fue consciente que esa delegación tiene que tener límites. La frontera es el artículo 65 de la ley que, palabras más palabras menos, supedita la chance del Ejecutivo de manejar la deuda siempre y cuando sea para mejorar su perfil». «El otro elemento para ponderar, tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014 en la causa “Clarens”. Allí se pretendió ejecutar en nuestro país; es decir, cobrar, una sentencia extranjera derivada de un tema análogo al que aquí nos ocupa. La Corte rechazó el intento porque violaba el orden público de la República Argentina», remarcó el fiscal. Pidió a Casanello que «con la premura del caso» libre «una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los ‘fondos buitre’, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo», según el dictamen. Además, requirió que se encomiende «también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154». Ahora Casanello resolverá si ordena estas medidas de prueba.