Organizaciones de usuarios de técnicas de fertilización asistida, médicos expertos y juristas especializados en Derecho de Familia reclamaron la “pronta sanción” de la Ley Integral de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) que establece “reglas claras” para el funcionamiento de bancos de esperma y fija un plazo para la preservación de embriones congelados, entre otras cosas. El proyecto, aseguran, “viene a cerrar el círculo legislativo” iniciado con la Ley de Acceso Integral a las TRHA (26.862) y la reforma del Código, y por eso posibilitará terminar con los problemas de cobertura originados en la libre interpretación de aquella norma sancionada en 2013. Además, permitirá saldar el debate iniciado por la redacción final del artículo 19 del Código Civil, ratificando que el embrión no implantado no es persona -tal como lo fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012- y que sólo adquiere la calidad de tal al ser implantado en el vientre materno. La iniciativa en cuestión -que además autoriza el diagnóstico de anormalidades genéticas en embriones antes de su implantación (DGP) en casos especiales- ya tiene media sanción de Diputados, pero perderá estado parlamentario si no logra la sanción definitiva antes de noviembre. Todos estos temas se abordaron el pasado jueves en la Tercera Jornada Interdisciplinaria por la aprobación de una Ley Especial de Reproducción Humana Asistida que se realizó en el Senado de la Nación, organizada por la Comisión Asesora en TRHA que integran un grupo de organizaciones de especialistas, centros médicos y pacientes. “Si tengo una ley de acceso integral y sigo teniendo amparos (para conseguir la cobertura de los tratamientos), algo está pasando”, aseguró la abogada especializada en Derecho de Familia e investigadora del Conicet, Marisa Herrera. Quien fuera una de las redactoras del nuevo Código Civil en materia de filiación, explicó que la nueva ley es necesaria porque las normas no pueden cambiar “según quien lo interpreta”. A su turno, la directora médica del Centro de Investigación en Medicina Reproductiva (CIMER), Stella Lancuba, explicó que si bien a partir de la sanción de la Ley de cobertura “se vio un crecimiento de los centros (de fertilización asistida) a nivel país y una tendencia al crecimiento de los tratamientos” realizados, “no hemos visto la integralidad de la aplicación”. Y el dato no es menor si se tiene en cuenta que “el 12% de las personas en algún momento de su vida requerirían de algún tratamiento de fertilidad”. Por su parte, la presidenta del grupo de apoyo para personas con trastornos en la reproducción “Concebir”, Isabel Rolandi, aseguró que la interpretación errónea de la cantidad de tratamientos por persona y la negativa a cubrir las TRHA cuando se trata de madres solteras por elección o parejas homoparentales, son algunos de los problemas más frecuentes. “Si este proyecto que si se cae, todo lo anterior también corre peligro porque esta ley especial van facilitar la cobertura”, dijo. A su turno, la referente de la Asociación 100 por ciento Diversidad y Derechos Florencia Feldman aseguró que con esta norma permitirá también que las parejas de gays o lesbianas puedan inscribir a los hijos como nacidos mediante la utilización de TRHA con gametos de donante, “y no haciendo de cuenta que lo tuvo de manera natural” uno de ellos, atentándose contra el derecho de esos niños de conocer la identidad de los donantes cuando adquieran la mayoría de edad o por necesidades médicas. “Queremos este proyecto de ley porque garantiza y reconoce a todas familias en plural y es un ley de derechos reproductivos” y no sobre infertilidad, aseguró. El proyecto de ley establece la unificación de los formularios de consentimiento informado entre todos los centros de fertilización y bancos de semen, los cuales deben ser firmados antes de que se inicien los tratamientos y deben incluir “disposiciones expresas” sobre el destino de los embriones o gametos (óvulos y espermatozoides) sob
Piden una ley sobre bancos de esperma y plazos para la preservación de embriones
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