Procesan a Capaccioli por lavado de activos en la campaña de 2007 del FpV

El juez federal Ariel Lijo procesó al ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007, Héctor Capaccioli, por supuesto «lavado de activos» provenientes de un delito, a raíz de aportes de dinero por parte de droguerías, cuyo origen pudo ser el tráfico de efedrina o la denominada «mafia de los medicamentos». En un fallo de 146 carillas firmado este jueves, el magistrado procesó además por el mismo delito al ex legislador porteño Sebastián Gramajo y a los responsables de droguerías Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone. Esta última es la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez cuya autoría intelectual se atribuye al detenido Ibar Pérez Corradi, mencionado por Lijo en relación al origen de los aportes hechos por Forza a la campaña electoral del Frente para la Victoria del 2007, cuando compitió con la fórmula Cristina Fernández Kirchner-Julio Cobos. Todos fueron embargados por 3 millones de pesos en base al delito de «lavado de activos provenientes de un delito» y sus procesamientos fueron dispuestos sin prisión preventiva, por lo cual seguirán en libertad. Para Lijo, Capaccioli administró los fondos recibidos «a sabiendas de su origen ilicito» y buena parte de ese dinero lo habría recibido en su propio despacho de funcionario. Los procesamientos se dictaron a ocho años de iniciada la investigación judicial, a raíz de la denuncia de los entonces diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui En esa denuncia, se aludía a la necesidad de investigar los aportes de droguerías a la campaña electoral del FPV del 2007, luego de constatar que un 35,6 por ciento del total de aportes declarados por esa fuerza política provenían de ese rubro, que tenía «vinculación directa» con Capaccioli por sus funciones. El ex funcionario ejercía su cargo y, al mismo tiempo, era responsable de la Mesa Ejecutiva del Frente para la Victoria y recaudador de la campaña electoral que, en el 2007, llevó a la presidencia de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner y a la vicepresidencia a Julio Cobos. Gramajo era el responsable político de esa alianza electoral y los demás empresarios ligados a droguerías que fueron cuestionadas en varias causas judiciales, entre ellas la llamada «mafia de los medicamentos» y causas penales por tráfico de efedrina. Para el magistrado, de hecho, está probado que el dinero aportado por ellos a la campaña del kirchnerismo a través de las droguerías «Multipharma», «Global Pharmacy» y «Seacamp» -un total de 886.000 pesos- tenía «origen ilícito», y se entregó «a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud». Particularmente, en su fallo, Lijo aludió a la compraventa de efedrina, un precursor químico, para uso ilegal, basado en la sentencia del juicio oral por el Triple Crimen de General Rodríguez. «Allí se indicó que nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos quienes mandaron a sus principales responsables», entre ellos a Jesús Martínez Espinosa, para entablar relación con empresarios del rubro locales, entre ellos Perez Corradi y Forza. Pérez Corradi fue detenido el domingo último en Paraguay y se espera su extradición a la Argentina, donde es requerido en varias causas judiciales, una de ellas la del triple crimen como supuesto autor intelectual. «Así, es posible afirmar la existencia de vínculos entre los imputados, el tráfico de efedrina y el grupo de narcotraficantes mexicanos. En tal sentido, allí se verificó la relación entre Forza –esposo de Solange Bellone- y los carteles mexicanos», continuó Lijo. Las empresas aportantes «Multipharma, «Global Pharmacy» y «Seacamp» eran presididas por Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, respectivamente. Bellone figuraba como presidenta de Seacamp y su fallecido esposo, Forza, como apoderado. Lijo entendió, además, que el empresario farmaceútico Néstor Lorenzo y Capacciol