Procesaron al director ejecutivo del PAMI

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al director ejecutivo del PAMI, Luciano Di Césare, por defraudación a la administración pública a raíz de presuntas irregularidades en la suscripción de letras del tesoro. Se trata de una denuncia hecha por la legisladora Graciela Ocaña, y en la misma resolución Bonadio decretó la falta de mérito del exministro de Economía Hernán Lorenzino y el sobreseimiento del expresidente del Banco Central de la República Argentina Juan Carlos Fábrega. Di Cesare suscribió letras del tesoro durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por poco más de 2.300 millones, algo que, según consta en la causa, provocó «colocaciones financieras perjudiciales para los fines del organismo». Para el juez, la determinación de invertir sobre letras del tesoro impidió que el PAMI «contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios». El organismo «financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación». «A su vez, lo hizo sistemáticamente sin intervención previa de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión», consideró el juez. Bonadio dio a conocer la decisión luego de indagar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la causa por irregularidades en la licitación del Plan Qunita. En diciembre de 2008, el entonces ministro Lorenzino firmó un oficio dirigido a Di Cesare para que evaluara la posibilidad de suscribir Letras de la Tesorería Nacional a 90 días con los excedentes financieros que poseyera el organismo a su cargo, «porque esas letras resultaban una inversión muy interesante y segura desde el punto de vista financiero, y a la vez, de suma utilidad para el financiamiento del Gobierno Nacional». Para el magistrado, no obstante, esa inversión «impidió» que el PAMI «contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios», consignados «en la ley 19.032». «La actividad indicada pudo sostenerse durante un período aproximado de cinco años, como consecuencia de las sucesivas renovaciones y superposiciones de suscripciones de las letras del tesoro, las deficiencias de la contabilidad del Instituto, la laxitud de los controles internos y la imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos», entendió Bonadio. «A su vez, el supuesto excedente de recursos que habría permitido las suscripciones de letras del tesoro se construyó a partir de retrasos injustificados en los pagos a proveedores, atrasos en las inversiones y mantenimiento de las instalaciones, disminución de la calidad de las prestaciones y tolerancia de situaciones de déficit prestacional, económico y financiero», agregó. Según el juez, Di Cesare, «abusando del cargo que ocupaba, desvió sumas de dinero de las arcas del PAMI, dándoles un destino diferente al que correspondía a sus fines propios y ocasionando, de esa manera, perjuicio en las prestaciones del organismo». «Desde ese lugar, abusando de su cargo e incumpliendo sus obligaciones, logró llevar a cabo las maniobras tendientes a financiar al Estado Nacional, en detrimento del Instituto y sus beneficiarios», concluyó Bonadio. Incluso, el magistrado afirmó que Di Cesare «dispuso lo necesario para aparentar la existencia de fondos excedentes que en realidad no existían».