El precio del dólar en el mercado paralelo se mantuvo firme ayer por encima de los $ 10, pese a los intentos del Gobierno de forzar una baja mediante la aplicación de un virtual feriado cambiario en ese mercado. Los sondeos mostraban operaciones que se pactaron a un promedio de 10,10 a 10,16 pesos, según los momentos del día, es decir, entre dos y ocho centavos arriba del cierre previo y del 72 al 73% por encima del valor del dólar oficial, que, a fuerza de venta de reservas, el Banco Central (BCRA) mantiene estacionado desde hace días en $ 5,87. Ayer, cedió otros US$ 70 millones, con lo que suma ventas por más de US$ 1100 millones en lo que va del mes. Volvió a quedar a la vista así que la estrategia del amedrentamiento, que ayer incluyó otra vez allanamientos, redadas e inspecciones de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, el BCRA y la AFIP en el microcentro porteño, tiene un impacto cada vez más limitado para hacer bajar el precio. Este fracaso, la experiencia venezolana (que en los últimos años ha sido tomada como una referencia para no desdeñar) y el antecedente de cómo el Gobierno atacó el problema de la inflación (mediante la presión a consultoras privadas para que no difundan sus mediciones del IPC) hacen temer a los operadores que, tras las elecciones del domingo, el Gobierno decida prohibir mediante alguna norma la difusión de la cotización del paralelo. En el mercado creen que esa medida podría ser parte de un paquete que incluiría el aumento de la retención a cuenta de Ganancias sobre los gastos con tarjeta de crédito en el exterior o una cuotificación de esos consumos para evitar que el déficit del sector turístico haga estériles los esfuerzos del Banco Central para detener o, al menos, maquillar el deterioro de las reservas. Esa presunción se basa, una vez más, en la experiencia reciente, que demuestra que el precio del paralelo pega un salto cada vez que el Gobierno endurece las restricciones cambiarias. Las especulaciones en torno a nuevas medidas toman en cuenta el fracaso de la estrategia represiva a la que apeló el Gobierno para tratar de evitar una nueva crisis por restricción externa y el nerviosismo que mostraron algunos de sus voceros ante la nueva escalada. «Están queriendo instalar un tipo de cambio que en primer lugar es ilegal y poco significativo», lanzó anteayer el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, ante la escalada del billete por arriba de $ 10. «Es como si se publicara el precio de la cocaína en un medio de prensa», exclamó. Ayer, Vanoli ensayó una justificación: «Quise decir que la intermediación no autorizada de divisas es un delito, como lo es la comercialización de drogas», aclaró, tal vez sin darse cuenta de que su anterior declaración había sido suscripta por esas horas por Aníbal Fernández: «Cotizar el blue es como cotizar cocaína», dijo el senador oficialista a Radio Del Plata. Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, le replicó: «¿Justo él habla de esas cosas? Qué barbaridad», dijo, después de calificar de «disparate» los dichos del senador. A lo que Fernández contestó, vía Twitter: «Rinoscopía y análisis de sangre, cuando quieras. Los dos juntitos». Ante una situación de estrés similar en la plaza cambiaria informal, Venezuela, donde existen cupos para consumos con tarjetas en divisas, reformó su ley de ilícitos cambiarios a fin de 2007 e incluyó una prohibición explícita para que «cualquier medio, sea persona natural o jurídica, anuncie y/o divulgue de forma escrita, audiovisual, radioeléctrica, informática o por cualquier otro medio» información relacionada con la cotización no oficial del dólar. Argumentó que «al notificarse un precio diferente al que reportaba a diario el gobierno se afectan los precios», y estableció duras penas para quienes burlaran esa veda.
Prohibirían publicar el precio del dólar paralelo
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