«Si un Estado miembro no participa (en el mecanismo correctivo de reparto) deberá apoyar a los que sí lo hacen», explicó en rueda de prensa el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, quien consideró que el pago de esta cantidad es una forma de «solidaridad» mediante financiación. Con esto, Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublin -que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona- para incluir el mecanismo de emergencia. La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno. No será sencillo, a juzgar por la inmediata reacción de Hungría, República Checa y Polonia cuyos cancilleres calificaron la iniciativa como «inaceptable», una «broma» y un «chantaje». «Es inaceptable. No es una solución europea», señaló el titular de exteriores húngaro, Péter Szijjártó, durante una cumbre del Grupo de Visegrado (integrado por la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia), en la que también participó el comisario europeo de Ampliación y Vecindad, Johannes Hahn. El jefe de la diplomacia polaca, Witold Waszczykowski, calificó como «poco seria» e ironizó que quizás se trate de «una broma del día de los inocentes». «Estoy sorprendido sobre la propuesta de la CE, ya que es algo que nos divide. No hay consenso sobre las cuotas de distribución obligatorias», indicó por su parte el jefe de la diplomacia checa y anfitrión del encuentro, Lubomir Zaoralek. Hungría y Eslovaquia han emprendido medidas legales en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por esa decisión sobre las cuotas obligatorias. Al dar a conocer la resistida propuesta, el vicepresidente primero de la CE había alertado sobre las consecuencias si la UE deja de lado la solidaridad y había advertido a los Estados miembros que el que forma parte del bloque «no da la espalda a los problemas del vecino, sino que se comparte el trabajo para una solución común», informó la agencia Europa Press. Así, el mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50 por ciento la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50 por ciento. La clave de reparto para distribuir entre el resto las plazas que un Estado miembro no pueda asumir porque se encuentra bajo una «presión desproporcionada», se calculará en base a la población y al PIB de cada país (al 50% cada factor). Fuentes comunitarias indicaron que también se tendrá en cuenta los «esfuerzos» que asuma cada país para dar acogida a refugiados llegados de terceros países, aunque no queda claro de qué manera. Por esto, Bruselas contempla que un gobierno pueda rechazar «temporalmente» formar parte de este sistema de emergencia, aunque podría eludir la responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada refugiado que no acepte acoger en el marco del mecanismo de solidaridad. La cantidad a pagar por cada plaza rechazada se calculó muy por encima de la ayuda que prevé actualmente el programa europeo de reubicación (6.000 euros por persona) y del costo habitual del asilo a un inmigrante. El objetivo, según recalcan los servicios de la Comisión, es permitir que los países contribuyan de otra manera a la «solidaridad» necesaria para asistir a los miles de refugiados que llegan a países como Grecia, pero sobre todo que tenga un efecto «disuasorio» y «desincentive» la no participación. La cantidad recaudada se redirigirá a los Estados miembros que cubran las plazas que el país que se dé de baja temporalmente no acep
Proponen que los países que eviten refugiados paguen € 250mil por cada uno
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