Impiden la salida del país a Hebe de Bonafini

La Justicia decretó la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y le prohibió a Hebe de Bonafini, presidenta de su consejo de administración, salir del país.

La quiebra fue dispuesta por el juez comercial Fernando J. Perillo a pedido de un ex trabajador de la fundación, Miguel Ángel Ortiz Benítez. La entidad le debe a Benítez $ 123.678,30 que no pudo pagarle. La Justicia constató que hubo una «insuficiencia de fondos para desvirtuar el estado de cesación de pagos imputado». Benítez, que fue despedido, promovió la acción contra la fundación el 19 de abril de 2016, después de haber obtenido una sentencia favorable en el fuero laboral. Todavía no se sabe quién será el síndico de la quiebra. Será sorteado mañana

En su decreto de quiebra, el juez dispuso también la «constatación y eventual clausura de los inmuebles sitos en Hipólito Yrigoyen 1432/36/38/40/42 planta baja, azotea y piso 1º e Hipólito Yrigoyen 1578/82/84/86/90 planta baja, sótano y entrepiso».

Para resolver sobre la situación de la Universidad de las Madres, también solicitó que la sindicatura le informara «si el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo se encuentra actualmente escindido de la fundación fallida».

El mes pasado, la justicia federal procesó a Bonafini como responsable de un fraude al Estado cometido a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También fueron procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la entidad; José López, ex secretario de Obras Públicas, y otros funcionarios de esa área durante el kirchnerismo.

Todos ellos, acusados de haber defraudado al Estado al contratar la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi $ 1250 millones. De esa suma, las Madres cobraron $ 749 millones, pero $ 206 millones fueron desviados por los Schoklender, que se valieron de una red de sociedades para adquirir inmuebles, autos, motos y yates, y lavarlos en financieras.

Los procesamientos los firmó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que entendió además que no había pruebas suficientes contra otros acusados, entre ellos el ex ministro Julio De Vido.

(Fuente: La Nación)