Quitar el IVA a la canasta alimentaria beneficiará a 836.000 pobres e indigentes

La reducción del IVA sobre los productos de la canasta familiar (que delimita el umbral de indigencia), propuesta por el presidente Mauricio Macri «para beneficiarios de programas sociales, becas de empleo y jubilados favorecería a 481.000 personas y aparece como una iniciativa promisoria pero insuficiente», explicaron los economistas de la Fundación Mediterránea Gerardo García Oro y Luis Laguinge, quienes reconocen que «la herencia recibida por el nuevo gobierno nacional en términos sociales resulta sumamente preocupante». «La aplicación de esta medida podría lograr que unas 481.000 personas salgan de la pobreza, y otras 355.000 abandonen la condición de indigencia, pero persistan por debajo de la línea de la pobreza», que hasta el segundo semestre de 2015 alcanzaba a 12,2 millones de personas, explicaron los economistas. «No obstante, la reducción de la pobreza y la indigencia sería de 1,1 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente, con relación a los niveles de pobreza e indigencia observados en 2015, que ascendían al 28% y 5,9%», expresan los expertos en el informe. «Si bien esta medida favorecería fundamentalmente a reducir la pobreza infantil y entre jóvenes, los resultados de esta estrategia resultan insuficientes para contrarrestar la magnitud y profundidad de la pobreza», estiman los analistas. García Oro y Laguinge estiman que «la medida tendría un costo fiscal equivalente a un 5% de la actual recaudación de IVA y cercano al 50% de los recursos que durante 2016 se destinarán al programa Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo; un nivel significativo que no debe ser excluido del análisis de costo-efectividad de la medida». «La lucha contra la pobreza requiere emprender políticas integradas que ataquen las múltiples aristas de la problemática, focalizada sobre la situación específica de cada segmento social, sumado a políticas generadoras de entornos laborales formales, inclusivos y promisorios», sostuvieron los especialistas. «Hasta el segundo semestre de 2015 (última información disponible) la pobreza y la indigencia, medidas en términos monetarios alcanzaban al 28% (12,2 millones de personas) y al 5,9% (2,4 millones de personas) de la población respectivamente», precisa el informe de la Fundación Mediterránea. La situación social recibida por el nuevo gobierno «se habría visto agravada en los últimos meses debido a la aceleración del proceso inflacionario ocasionada por los necesarios ajustes de precios relativos realizados en diferentes sectores de la economía». En este contexto, «la actual administración parece decidida a emprender una serie de medidas con el objetivo de amortiguar el deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población». Los analistas recuerdan que esta iniciativa fue anunciada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación: el envío de un proyecto de ley cuyo contenido consiste en la devolución de parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en los productos de la Canasta Básica Alimentaria medida por el INDEC a los jubilados y pensionados y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo. Con el objetivo de estimar el impacto social y fiscal que esta política traería aparejado, los economistas de la Fundación Mediterránea realizaron una simulación de la misma con las restricciones propias de la información disponible. En esta simulación se consideró como escenario inicial al compuesto por las tasas de pobreza e indigencia estimadas en base a los últimos datos ofrecidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo semestre del 2015. Debido a que aún no se conocen los detalles del proyecto, en la simulación se estableció como supuesto una rebaja de 15 puntos porcentuales para aquellos productos afectados por una alícuota del 21% y una total para los bienes alcanzados por una alícuota del 10,5%. Posteriormente, se estimó el peso t