En septiembre, el Senado argentino tomó una decisión crucial al rechazar el veto del presidente Javier Milei, quien intentó bloquear la Ley de Emergencia en Discapacidad. A pesar de la promulgación de la ley, el Gobierno limitó su ejecución debido a la falta de especificaciones sobre la fuente de financiamiento, dejando en suspenso su aplicación «hasta que el Congreso aclare ese punto».

Un fallo judicial que marca un precedente

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se pronunció este viernes y declaró inválida la suspensión de la ley. Su decisión ordena que la normativa impulsada por el Parlamento sea «ejecutada de inmediato en todo el país». La ley, que había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado, establece la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2027.

Contexto del conflicto

La saga comenzó cuando el Gobierno vetó la ley, pero el Senado negó este veto, reafirmando la emergencia por un año. Más tarde, se promulgó el decreto 681/2025, que suspendía la vigencia de la norma bajo el argumento de que el Senado no designó qué fondos utilizar para asistir a la población discapacitada. Esta medida generó diversas presentaciones judiciales, incluido el recurso que motivó el reciente fallo del juez Charvay, respaldado por familias con hijos portadores de Certificado Único de Discapacidad.

La voz de las organizaciones y el estado de indefensión

El rechazo de la suspensión recibió apoyo significativo de asociaciones civiles, que destacaron que la medida dejaba a miles de personas en una situación vulnerable, agravada por la crisis económica que ya afectaba los servicios destinados a ellos. Argumentos del Gobierno, como las «razones fiscales» y advertencias sobre el riesgo a otras áreas del Estado, fueron desestimados por el magistrado.

Responsabilidades del Poder Ejecutivo

González Charvay enfatizó que, tras la negativa al veto presidencial, la Constitución impone al Poder Ejecutivo la obligación de «promulgar y ejecutar la ley sin condiciones». La decisión del juez subraya que ningún decreto puede limitar un mandato del Congreso, lo cual sería una invasión a sus competencias legislativas.

La situación financiera y su impacto social

El juez cuestionó los argumentos fiscales del Gobierno, recordando que el Congreso había autorizado al jefe de Gabinete para realizar reasignaciones presupuestarias necesarias. Desde diciembre de 2023, ya se habían realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias con fines distintos. Esta situación resalta la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, quienes requieren atención urgente.

Implicaciones del fallo

Finalmente, el juez ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, declarando nula la suspensión impuesta por el decreto 681/2025. En su resolución, impuso costos al Estado y determinó que la sentencia sea publicada en el Registro Público de Procesos Colectivos. Este fallo resalta los límites constitucionales al Poder Ejecutivo en cuestiones relacionadas con derechos sociales fundamentales.