Transcurridas 72 horas desde su presentación, la iniciativa de reforma laboral ha generado nuevas tensiones en el gobierno. Las diferencias entre sectores se intensifican a medida que se aproxima el debate legislativo, especialmente tras el regreso del presidente Javier Milei de Noruega, quien firmó el texto final del proyecto. Sin embargo, el camino hacia su aprobación en el Senado podría enfrentar un importante obstáculo legal, dado que la Confederación General del Trabajo (CGT) considera presentar un amparo en la Justicia. Este gesto busca cuestionar la constitucionalidad del ingreso del proyecto en la Cámara alta, argumentando que viola disposiciones de la Constitución Nacional.

Expectativas y Realidades: ¿Se Aprobará la Reforma?

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ha manifestado su certeza sobre la rápida tramitación de la reforma en el Parlamento. Según sus declaraciones, “los votos están” y muestra una perspectiva optimista que contrasta con la realidad que se vive en el Congreso. Aunque Karina asegura que la ley estará aprobada antes de que finalice el año, las fuentes parlamentarias sugieren que el debate podría extenderse hasta febrero o más allá, dado el complejo contenido del proyecto y la reticencia de varios gobernadores que aún no expresan su apoyo.

Movilizaciones en Contra de la Reforma Laboral

La CGT planea una masiva movilización en la Plaza de Mayo para el 18 de diciembre, en respuesta al avance de esta reforma. Se espera la participación de las dos CTA, movimientos sociales y sindicatos del Frente de Izquierda, con una meta de congregar a 150,000 personas para expresar su rechazo a la propuesta. La marcha está programada para comenzar a las 15:00 horas y busca enviar un mensaje contundente al gobierno de Milei y a aquellos mandatarios que puedan respaldar la iniciativa.

Las Implicaciones Legales y Económicas de la Reforma

Desde la CGT se evalúa también la posibilidad de emprender acciones legales en contra del proyecto, argumentando que ciertos artículos relacionados con impuestos y contribuciones transgreden el artículo 52 de la Constitución, que estipula que las reformas tributarias deben ser discutidas en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, un sector del oficialismo, liderado por Santiago Caputo, enfatiza la importancia de llegar a acuerdos con los principales actores de la CGT. Este enfoque conciliador es respaldado por Julio Cordero, secretario de Trabajo, quien ha mantenido un diálogo fluido con los líderes sindicales, promoviendo un clima de discusión constructiva.

Controversias en el Contenido de la Iniciativa

Sin embargo, los desafíos siguen. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ha sido uno de los principales impulsores de los cambios más polémicos en la reforma, incluyendo la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos. Esta disposición históricamente ha protegido a los trabajadores en situaciones de crisis. Además, ha propuesto limitar las indemnizaciones y reestructurar el modelo de aporte solidario, lo que ha generado preocupación entre los sindicatos, que consideran estas medidas como un ataque directo a los derechos laborales.

Las tensiones aumentan a medida que se aproximan las movilizaciones y las discusiones en el Senado. La complejidad de la reforma, sumada a la resistencia social y política, hace que el futuro del proyecto permanezca en un completo punto de interrogación.