Camilo Cordero Fabbri ha dejado su cargo en la Oficina Anticorrupción. Su salida se produce luego de descubrirse que formaba parte del equipo legal de Miguel Ángel Calvete, un personaje central en la causa ANDIS, actualmente bajo arresto por presunta explotación de la prostitución.

Según fuentes oficiales, al enterarse de su implicación en una investigación relacionada con corrupción y trata de personas, Cordero Fabbri se enfrentó a la difícil decisión de permanecer en su puesto o continuar con su actividad como abogado. Optó por renunciar al organismo estatal, considerando que su doble rol era incompatible, según afirmaron autoridades gubernamentales.

Detrás de la Renuncia

Cordero Fabbri había representado a Calvete en un caso de explotación sexual, en el cual se le condenó a cuatro años de prisión. Aunque no figuraba oficialmente como abogado en la causa ANDIS, fue identificado en los allanamientos realizados al empresario. Los investigadores señalaron que el equipo de Calvete debía contactar a Cordero Fabbri ante cualquier eventualidad legal.

Calvete y la Causa ANDIS: Un Entrelazado de Irregularidades

La Fiscalía considera a Miguel Ángel Calvete una figura crucial en un sistema de irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Según los documentos del fiscal Franco Picardi, Calvete actuaba como intermediario entre diversas droguerías y funcionarios de la ANDIS, a pesar de no tener ningún puesto oficial en la entidad pública.

Los investigadores apuntan a su conexión cercana con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y el funcionario Daniel María Garbellini, con quienes coordinaba pagos y contratos sin el debido proceso administrativo. Se reveló que Calvete se reunía con estos funcionarios tanto en su hogar como en diferentes restaurantes de la zona sur de Buenos Aires.

Un Sistema Culpable de Corrupción

El Ministerio Público Fiscal acusa a Calvete de influir en licitaciones de grandes sumas, así como de dirigir contrataciones y gestiones de pago a funcionarios y proveedores. Las primeras evaluaciones sugieren que el sistema de corrupción podría haber generado un perjuicio de aproximadamente 37.000 millones de pesos. Durante los allanamientos, se confiscaron diversas propiedades y más de 700 mil dólares en efectivo.

Hasta el momento, Calvete ha optado por no declarar, pero se considera que sus anotaciones personales contienen información valiosa sobre el esquema corrupto y otros implicados.