Los dirigentes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe han llevado su reclamo ante la Procuración General de la Nación, argumentando en contra de la reciente resolución que trasladó el expediente al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10. Este último está actualmente bajo la subrogación de Marcelo Aguinsky, quien ahora dirige el caso de manera temporal.

Argumentos de la Coalición Cívica

Según información a la que accedió Clarín, el traslado al fuero penal económico es considerado “jurídicamente erróneo y contrario al orden normativo vigente”. La base de la investigación gira en torno al delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal, cuya competencia corresponde a la justicia federal.

Cambios Clave en la Legislación

Con la reforma establecida por la ley 26.683, el lavado de dinero ha pasado a considerarse un delito autónomo, afectando no solo el orden económico del país, sino también los compromisos internacionales que tiene Argentina. Este cambio ha llevado a la Coalición Cívica a recalcar que la investigación debe seguir en el fuero federal, y no en el penal económico, que es un ámbito de excepción.

Precedentes de la Corte Suprema

En su presentación, los dirigentes citan dos precedentes de la Corte Suprema que establecen que las investigaciones por lavado de activos deberán tramitarse dentro del fuero federal, dado que estos delitos presentan un impacto que va más allá de intereses individuales y afectan al Estado en su conjunto.

Dudas sobre la Definición de Competencias

La presentación cuestiona la decisión de la Cámara de definir la competencia en función del carácter económico-financiero del delito. Según la Coalición Cívica, este criterio carece de fundamento legal suficiente para justificar el cambio de jurisdicción.

Nuevas Pruebas y Ampliación de la Denuncia

Del Gaiso y Yofe no solo han cuestionado el cambio de juez, sino que también han ampliado la denuncia inicial, presentando nuevos hechos y pruebas documentadas que incluyen la solicitud para investigar a figuras como Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, quienes estarían implicados a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca.

La causa se originó a partir de una denuncia de la Coalición Cívica contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes son propietarios de Real Central SRL, la empresa que gestiona la mansión en cuestión. En su denuncia, se mencionaba la posible conexión de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y Toviggino con la propiedad.

Decisiones Previas del Juez Rafecas

Rafecas había tomado iniciales acciones, como la autorización de allanamientos en la mansión y otras propiedades, así como la prohibición de salida del país y el embargo de cuentas de Pantano y Conte. Sin embargo, la decisión reciente de la Cámara ha generado un cambio inesperado en el rumbo del caso.

Conflicto de Competencia

Finalmente, ante la controversia en torno a la competencia, la Cámara ha dictaminado que el caso debe ser manejado por el fuero penal económico, argumentando que no hay funcionarios públicos involucrados por el momento y que la investigación se centra en aspectos económicos.