Tardarán un mes en determinar si hubo irregularidades en la liberación de Cristóbal López

Tardarán un mes en determinar si hubo irregularidades en la liberación de Cristóbal López

En medio de los cruces en torno a la liberación de Cristóbal López, el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, adelantó que la denuncia que presentó la diputada Elisa Carrió contra los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que le concedieron la libertad al empresario, será sorteada el jueves próximo. Y aclaró que la investigación del caso podría llevar más de un mes. La comisión de Disciplina y Acusación, que encabeza el diputado del PRO Pablo Tonelli, será la encargada de elegir al miembro del cuerpo que lleve adelante la instrucción de la causa contra los camaristas. Entiendo que en el plazo de un mes el consejero tendría un dictamen en cualquier sentido porque se trata de un tema que no tiene complejidad probatoria como para hablar de otros plazos, sostuvo Piedecasas. Carrió había solicitado al Consejo que investigue posibles intereses económicos detrás del fallo de la Sala I de la Cámara Federal que ordenó la excarcelación del dueño del Grupo Indalo y de su socio, Fabián De Sousa. Ambos están involucrados en la causa que investiga la evasión de $ 8.000 millones en impuestos a la AFIP por parte de Oil Combustibles. En ese sentido, la diputada pidió que se investigue si en el Casino de Puerto Madero, propiedad de López, trabajan familiares de personas relacionadas al juez Farah, quien fue convocado por Ballestero para desempatar en la votación del tribunal, que terminó liberando a los empresarios. La persona en la mira de Carrió es el abogado Jorge Mazzaglia, exdirector de ese establecimiento de apuestas y padre de Matías Mazzaglia, empleado del tribunal donde se desempeña Farah. En la ampliación de su denuncia, la diputada oficialista apunta también a un posible enriquecimiento ilícito por parte de Ballestero. Una vez sorteado el instructor de la denuncia, en un mes podría haber un dictámen del caso: desestimarse la acusación, solicitarse sanciones por los hechos o, incluso, llevar a los camaristas a juicio político.