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El disparador fueron los incidentes con docentes de Chubut, pero se suman al reclamo reapertura de paritarias y mejoras en las condiciones laborales.
Más de 9 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas se verán afectados hoy por el paro nacional lanzado por Ctera en rechazo a los incidentes ocurridos días atrás entre docentes y efectivos policiales en Chubut, en medio de una pulseada salarial que ayer entró en un punto muerto luego de que el gobernador, Mariano Arcioni, diera por cerrada la paritaria y otorgara un incremento salarial de $1.200 al básico, más una cifra remunerativa de $1.500.
Es la primera paritaria que se da por fracasada, luego de haber cerrado acuerdos la semana pasada con la Administración Central, Salud y Viales.
El paro no sólo implica la penosa pérdida de otro día de clases en un país donde las estadísticas del rendimiento educativo dejan mucho que desear, sino que profundizan el escenario de la litigiosidad sindical, a una semana de otra huelga inútil y poco seria como fue el parate general de la semana pasada que ejecutó la CGT.
«Es una medida desproporcionada. Es un sinsentido intentar coartar el derecho a la educación de los alumnos de todo el país por un conflicto focalizado en una provincia. Es una acción que responde sólo a fines políticos», leyó el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro.
La motivación original del paro sumó otros argumentos: el reclamo (casi mágico a esta altura) de una paritaria nacional docente, la rediscusión de los montos acordados ya en cerca de 20 provincias en virtud de la inflación y la resolución de los conflictos aún abiertos en un puñado de distritos, entre ellos Buenos Aires.
«Ctera sigue pidiendo una Paritaria Nacional Docente, pero la Justicia ya afirmó -en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones del Trabajo- que a los salarios de los docentes los definen y pagan las provincias», cruzó Finocchiaro.
El paro de hoy -al que adhirieron los privados de Sadop y los poderosos de Buenos Aires Suteba, Udocba, Feb y Amet- se traduce, además, en una muestra más de la incapacidad tanto de las autoridades educativas como de los dirigentes sindicales para dar, de una vez por todas, un paso cualitativo hacia un sistema de educación que le devuelva a la Argentina aquella percepción de ser un país de buen nivel educativo, a la altura de muchos países desarrollados
