El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) atraviesa una etapa crítica. Con la finalización del mandato de Luis Angulo el 31 de diciembre, las negociaciones por su sucesión han dejado al descubierto un escenario de tensiones arraigadas que trascienden la mera disputa por un cargo: se trata de definir el rumbo institucional de la Justicia cordobesa.

Dilema en la Presidencia del TSJ

La búsqueda de un nuevo presidente se enfrenta a un “empate técnico”, sin avances claros y con tres nombres en la palestra: María Marta Cáceres de Bollati, Aída Tarditti y Domingo Sesín. Este contexto pone en evidencia la necesidad de un cambio generacional en la cúpula del Poder Judicial.

Intereses en Juego

La pelea va más allá de los cargos; representa un conflicto de estilos y visiones sobre cómo debe operar la justicia en Córdoba. La falta de consenso se hace palpable entre dos bloques, uno que apoya a Tarditti, conocida por su enfoque rigorista, y otro que favorece a Cáceres de Bollati, que busca un cambio hacia un liderazgo más conciliador.

Los Candidatos y sus Enfoques

Cada postulante refleja una filosofía distinta. Mientras que Tarditti es vista como una líder de mano dura que ha implementado un estilo de disciplina que genera resistencia, Cáceres de Bollati se presenta como una opción más amigable, enfocada en restaurar las relaciones dentro del ámbito judicial. Además, la presión para que una mujer asuma la presidencia se hace cada vez más fuerte, lo que podría influir en la decisión final.

El Rol del Gobierno Provincial

El Gobierno provincial liderado por el gobernador Martín Llaryora sigue de cerca la situación. A pesar de su declaración de no intervención, su círculo cercano sugiere que su influencia es más significativa de lo que se reconoce públicamente. El voto de Jessica Valentini, vocal que representa a la oficialidad, podría ser crucial en este equilibrio.

Especulaciones sobre el Futuro

En medio de la controversia, la reciente designación de Carlos Rubén Lezcano como próximo fiscal general se interpreta como un intento de Llaryora por estabilizar el frente judicial y mitigar tensiones en el Ministerio Público Fiscal, donde existe un marcado descontento interno.