Avanza el Caso Vialidad II: La Cámara Federal de Casación Rechaza Recuaciones y Confirma Juicio
El desarrollo del Caso Vialidad II toma un nuevo rumbo tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que ha desestimado los intentos de recusación de la defensa del ex funcionario Sandro Férgola. La corte ratifica la continuidad de los mismos jueces que juzgaron a Cristina Fernández de Kirchner y otros implicados en la causa anterior.
Implicados en el Caso Vialidad II
En este segundo tramo del juicio, varios funcionarios de Vialidad nacional y provincial están siendo investigados por presuntas irregularidades en 27 expedientes relacionados con la adjudicación de obras en Santa Cruz. Entre los acusados destacan Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez; Julio Mendoza, ex presidente de la constructora; y Fernando Butti, ex contador. Sandro Férgola también enfrenta culpa, dado su papel como ex funcionario responsable de supervisar a Báez y su patrimonial incremento durante su gestión.
Rechazos y Avances Judiciales
La Cámara Federal, en su fallo, no solo desestimó la recusación, sino que también confirmó la incompetencia de Lázaro Báez para ejecutar el decomiso dictado en la causa “Vialidad I”. Este fallo avaló el avance del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
Solicitud de la Defensa y Reacción Judicial
La defensa de Lázaro Báez había argumentado que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, el que tomó caso de la «Ruta del Dinero K», debía encargarse del decomiso de bienes, que asciende a más de 684 mil millones de pesos. Sin embargo, el juez Hornos señaló que el decomiso tiene un carácter penal y debe ser administrado por el tribunal que dictó la sentencia, asegurando así el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Detalles sobre el Decomiso
Según el magistrado, es esencial demostrar la relación entre los bienes que se buscan decomisar y el ilícito que se investigan. De esta forma, el juicio por Vialidad II sigue su curso, aportando más luz sobre un caso que ha captado la atención pública por sus implicaciones en la administración de la obra pública en Argentina.
