Uber Papers: una estructura offshore diseñada para evadir impuestos

La firma fundada en Panamá el 2 de septiembre de 2013 tiene como presidenta a Karen Sammins Walker, quien es a su vez titular de al menos otras 13 compañías subsidiarias de Uber (cuatro candienses, dos danesas, una india, una neocelandeza, dos panameñas y tres británicas), según consta en el registro internacional de corporaciones Opencorporates.com, y se desempeña como supervisora de Uber Techonologies en San Francisco, California. Uber Panama Technology Inc. tiene como directores a Curtis Chambers (también tesorero) y Erich Mah, quienes son a su vez director de Ingeniería y director de Tesorería de la empresa en los Estados Unidos. Panamá es un paraíso fiscal: ocupa el puesto 13 en el ránking elaborado por la Tax Justice Network en base al secretismo y la magnitud de las actividades financieras offshore de estos estados y es, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “el último reducto importante que continúa permitiendo que los fondos se oculten extraterritorialmente de los impuestos y los esfuerzos de las autoridades”. Constituir una empresa en ese país no es ilegal “pero sí es un indicio de alerta. Es una jurisdicción que ofrece una serie de beneficios que hace que la veamos como un paraíso fiscal”, explicó a Télam Agustín Carrara, director del Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). “Una de las características de los paraísos fiscales es que son reticentes a brindar información, o exigen poca, entonces cuando se les solicita, no la tienen. En general con su uso se busca ocultar los bienes o ocultar la identidad de los dueños de los bienes”, explicó el especialista, y precisó que “cuando hay delitos de este tipo en general no se recurre a un solo paraíso sino a varios”. Así, esta empresa panameña es una pequeña parte de la compleja estructura corporativa de Uber: Uber Techonologies Inc., el nombre oficial de la compañía de servicios de transporte, es una corporación con sede en el estado norteamericano de Delaware, y tiene más de 60 subsidiarias en los Estados Unidos y más de 75 alrededor del mundo. Una de ellas, Uber International CV, juega un rol central desde su sede en Bermuda, país que en los últimos años ha realizado una serie de acuerdos para compartir información con otros estados aunque, según la OCDE, persiste allí una “falta de supervisión de las obligaciones de mantener la información sobre la propiedad y las cuentas puede afectar a la disponibilidad de dicha información”. El investigador del Conicet Ariel Vercelli explicó ayer en una columna publicada por Télam que la posibilidad que brinda Uber de pagar a través de teléfonos móviles, sin dinero efectivo y con el envío de comprobantes por correo electrónico es, “sin dudas, otro de los componentes clave de su modelo de negocio”. “Uber ha desarrollado una estrategia financiera que diferencia los servicios que presta en Estados Unidos de Norteamérica y los servicios que presta en otras jurisdicciones (off-shore)”, señaló, y mostró que “en el apartado ‘legal’ se expresa que los usuarios están contratando con Uber B.V., ‘una sociedad de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos, con domicilio social en Vijzelstraat 68, 1017 HL, Ámsterdam, Países Bajos’”. Una investigación publicada por Fortune describió cómo funciona la estructura diseñada para limitar el pago los impuestos que se realizan con Uber fuera de los Estados Unidos, y puso como ejemplo a los viajes realizados en Roma, en donde los choferes italianos establecen un contrato con la misma empresa holandesa que los argentinos. Si una persona toma un viaje en Roma y paga 20 dólares, esa plata va a una empresa constituida en Holanda llamada Uber BV. Esta envía el 80% de los 20 dólares de vuelta al chofer a través de otra empresa holandesa llamada Rasier. El gobierno italiano eventualmente obtiene un ingreso por los impuestos cuando el chofer declara su ganancia, mostró la investigación. El 20 por ciento restante de la tarifa