Venezuela: Los militares que participen en el control de manifestaciones podrán utilizar armas de fuego

Los militares que participen en el control de manifestaciones en Venezuela estarán autorizados a utilizar armas de fuego en situaciones de «violencia mortal», según una controvertida resolución gubernamental y que el alto mando militar defiende como un «documento hermosísimo»

En la resolución, publicada en la Gaceta Oficial y que enumera normas sobre la actuación de la Fuerza Armada al momento de ejercer «funciones de control del orden público» en manifestaciones, se autoriza el uso de la fuerza gradual partiendo de la presencia ostensiva, hasta el uso del arma de fuego.

Más adelante, entre una serie de lineamientos sobre el respeto a los derechos humanos, se establece el «uso progresivo de la fuerza» y en el caso de que se desencadene una situación de «violencia mortal», el funcionario militar podrá responder «con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal».

Esta normativa, blanco de numerosas críticas, se publica a unos días de que se cumpla un año del inicio de la ola de protestas opositoras, que de febrero a mayo de 2014 sacudieron a Venezuela con saldo de 43 muertos.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y autor de la iniciativa, se refirió este viernes precisamente a «esos hechos de violencia de principios del año pasado» para justificar y defender las normativa durante un acto público en Caracas.

«Se han dedicado a extraer y descontextualizar ese documento hermosísimo de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso (…) Es parte de una ofensiva que ha tratado de poner en zozobra al pueblo venezolano», dijo

Las manifestaciones, principalmente en Caracas y en la fronteriza San Cristóbal, terminaban habitualmente en refriegas callejeras con encapuchados lanzando bombas incendiarias y fuerzas del orden respondiendo con gases, chorros de agua y, en algunos casos, balas de goma.

«Jamás se puede dejar a la discrecionalidad de un funcionario, menos aún de un elemento de un órgano represor, determinar in situ si se trata de una amenaza mortal», comentó a la AFP el abogado constitucionalista y catedrático universitario Tulio Álvarez.

Para Álvarez, autorizar el porte de arma de fuego en manifestaciones «abre la puerta a atentar contra el derecho a la vida» y «atenta contra la Constitución y pactos regionales e internacionales» suscritos por Venezuela.

Norma «peligrosamente ambigua» 

Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadadano y experta en seguridad, consideró «75 % positivo» que se regule la actuación de militares, pero consideró «peligrosamente ambigua y controversial» esta normativa.

«Se autoriza a los militares intervenir cuando se rebase a las autoridades civiles, pero hay mucha ambigüedad en qué circunstancias. Y hay aspectos de discrecionalidad, como determinar una ‘amenaza mortal’, que pueden ser muy peligrosos para la vida de las personas», dijo.

En su informe anual, Human Rights Watch señaló el jueves que las fuerzas de seguridad venezolanas «han empleado rutinariamente un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados y contra transeúntes», y advirtió incluso de «disparos de armas de fuego» por parte de uniformados.

Al calor de las protestas, oposición y ONG acusaron a uniformados de abusos, excesivo uso de la fuerza y detenciones arbitrarias, mientras que el gobierno denunciaba a «terroristas» que destruían unidades de transporte e incendiaban edificios públicos.

Entre los 43 fallecidos se registraron contados casos de muerte por arma de fuego en medio de acusaciones mutuas entre el Gobierno y opositores de contar con francotiradores.

Las refriegas dejaron cientos de heridos, la mayoría con lesiones leves, como golpes, laceraciones o intoxicación por gases, y a 1.500 personas sometidas a procesos judiciales o medidas cautelares.

Las manifestaciones iniciaron a principios de febrero en San Cristóbal y el día 12 en Caracas con una gran manifestación convocada por el dirigente opositor radical Leopoldo López, detenido seis días después de ser acusado de incitar a la violencia.

Las protestas fueron en reclamo por los altos índices de criminalidad, la inflación que superó 64 % en 2014, la corrupción en la administración pública y la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos.

Las manifestaciones opositoras se han repetido pero de manera esporádica y tímidamente, como la del pasado sábado que reunió a unos cuantos miles en Caracas.