De la cultura de la evasión y el desamparo en los `90, hoy se pasó a que 8 de cada 10 empleos sean registrados

Cada 10 empleos netos generados en la década de los `90, 9 eran sin registrar: se fomentaba la cultura de la evasión, del trabajo sin regulaciones, sin indemnizaciones, sin sindicatos, sin negociación colectiva. Hoy, de cada 10 empleos generados 8 son trabajadores registrados. En un informe sobre trabajo no registrado elaborado por la cartera laboral, se indica que desde el 25 de Mayo de 2003, con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, nuestro país inició un proceso de recuperación de derechos tras la devastación generada por el neoliberalismo, donde el 50% de los trabajadores tenían cercenados sus derechos a un salario justo, a una jubilación y a una obra social. El proyecto político puesto en marcha en 2003 con un enfoque socio productivo con eje en la promoción del trabajo registrado, instaló un círculo virtuoso que permitió la creación de empleo “con derechos”, mientras se reducía la desocupación, el trabajo no registrado y la informalidad. Las políticas activas desarrollas por el MTEySS, en consonancia con este enfoque, acompañaron con el despliegue de acciones concretas que contribuyeron a la reducción del trabajo no registrado. Es en este marco, que se creó en septiembre de 2003, el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) con el objetivo de reconquistar la presencia y facultad inspectiva del Ministerio de Trabajo. Fue presentado por el presidente Kirchner en el salón Blanco de la Casa de Gobierno Si bien los empleadores tienen la obligación de declarar y registrar a los trabajadores, es el Estado, mediante este plan, quien pone en práctica su rol de contralor de la normativa laboral y de la seguridad social, verificando su cumplimiento; logrando así la registración plena de los trabajadores en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente: trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Una fuerte campaña de concientización y la coordinación de acciones con la AFIP y los gobiernos provinciales, generaron un progresivo cambio en el comportamiento social, aún insuficiente. El Ministerio de Trabajo a través de sus inspecciones, fiscalizó más de 1 millón de empresas y de 3 millones de trabajadores. Fábricas, industrias, comercios, obras en construcción, establecimientos rurales, fueron inspeccionados para corroborar si los empleadores tenían registrados a sus trabajadores. Operativos de fiscalización que permitieron bajar la tasa de informalidad en 18 puntos porcentuales. Puede decirse que más del 30 por ciento de los trabajadores que estaban en situación de no registro en 2003 fueron regularizados merced, entre otras circunstancias, al mencionado plan. Una tarea que se hizo con una firme convicción: poner al trabajo registrado en el centro de las políticas públicas. De 40 inspectores en 2003 se pasó a incorporar a más de 400. Las Delegaciones Regionales de esta cartera llegan a más de 40 en todo el país, las que fueron dotadas de equipamiento informático, instrumental y de vehículos que puedan ingresar a lugares que antes le eran inaccesibles y arribar así a lo largo y a lo ancho del país. En la actualidad, el “inspector digital” reemplaza a las inspecciones que se realizaban en actas de papel. Hoy los inspectores cargan los datos de los trabajadores relevados en una netbook y estos quedan guardados automáticamente en el servidor central del Ministerio. Celeridad y transparencia fueron principios perseguidos desde el primer día. Con esto se logró el “control en tiempo real”. En ese contexto, y porque todos los trabajadores tienen que acceder a los mismos derechos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de impulsar dos leyes que impactan directamente sobre dos colectivos históricamente postergados: los trabajadores rurales y las trabajadoras de casas particulares, poniéndolos en pie de igualdad con el resto de los trabajadores.