Las cicatrices de la tortura son una de las herencias más dolorosas que nos han dejado los regímenes autoritarios a lo largo de la historia. La reciente aparición del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, quien pone en duda la cifra de 30 mil desaparecidos, ha generado un fuerte revuelo en la sociedad argentina.

El Impacto de la Tortura en la Memoria Colectiva

Muchos de esos 30 mil individuos perdidos, que aún aquejan la memoria de la nación, habrían enfrentado torturas inimaginables. Estas experiencias han dejado huellas profundas en los cuerpos y en la conciencia de aquellos que sobrevivieron y en quienes luchan por la justicia.

Una Declaración Controvertida

Durante su intervención ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Baños destacó el pensamiento de la actual administración, que no oculta su aversión hacia los organismos que defienden derechos humanos. Este fenómeno no es nuevo; el ex presidente Mauricio Macri ya había descalificado a estas organizaciones, acusándolas de aprovecharse de la situación.

Un Voto que Marca un Retroceso

En un hecho sin precedentes, el gobierno de Javier Milei emitió un voto en contra de la eliminación de la tortura, un acto que puede interpretarse como un retroceso en las conquistas democráticas del país. Esta decisión no solo ha generado descontento entre una amplia franja de la población, sino que también representa un paso atrás en la lucha contra las atrocidades cometidas durante la dictadura.

Una Alianza Cuestionable

El subsecretario Baños no se presentó ante la ONU como representante de la tradición democrática de Argentina, sino como defensor de una línea de acción que va en contra de valores fundamentales de la sociedad. Además, se ha alineado con el voto de Estados Unidos e Israel en esta materia, reforzando las relaciones estrechas que el gobierno actual ha establecido con estas potencias.

La Dignidad en Juego

Milei ha reconocido el estado crítico de las finanzas nacionales, afirmando que «no hay plata» en el Banco Central para cubrir las deudas, lo que ha llevado al gobierno a tomar decisiones que comprometen la dignidad de la nación. Este enfoque pragmático ante la crisis económica parece eclipsar la necesidad de reconocer y enfrentar las violaciones a los derechos humanos.

En un momento en que el país es observado por el resto del mundo, esta negación se presenta como un estigma que puede traer consecuencias a largo plazo. La urgencia de mantener el apoyo internacional de figuras como Trump parece haber llevado al gobierno a posturas que ignoran la construcción del pasado y el sufrimiento de aquellos que fueron víctimas de la tortura.