Bajada:
El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, deberá declarar en Comodoro Py tras ser citado por un presunto esquema de corrupción relacionado con la compra de medicamentos.
Indagatoria por corrupción en la ANDIS
El juez federal Sebastián Casanello ha convocado a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a presentar su defensa el 19 de noviembre a las 13:00 en Comodoro Py. Esta citación surge de una causa que investiga un presunto entramado de corrupción que llevó a su despido tras un escándalo público.
Avance en la investigación
Han transcurrido tres meses desde el inicio de la investigación penal, que busca esclarecer posibles sobornos en torno a la compra de medicamentos por parte de la ANDIS. El fiscal Franco Picardi pidió las indagatorias y su solicitud fue respaldada por el juzgado al determinar que la agencia actuaba como un mecanismo estructurado para direccionar contrataciones públicas.
Detalles de la acusación
La fiscalía ha identificado transferencias de dinero y otros movimientos económicos que involucran a diversas droguerías y firmas relacionadas. Esta investigación también ha involucrado a otros ex funcionarios y representantes del sector privado vinculados a la provisión de medicamentos.
Grupo organizado
En total, 15 personas están citadas a declarar en este caso que, según las acusaciones, incluye a numerosos ex funcionarios y miembros del sector. Las acciones se habrían realizado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con un enfoque en delitos contra la administración pública y la obtención de beneficios ilícitos.
Análisis de las maniobras
La fiscalía ha destacado que la ANDIS operó a través de un esquema de manipulación que restringía la competencia y beneficiaba a un grupo específico de proveedores. Esto garantizó que las mismas empresas obtuvieran contratos reiteradamente, y se observó un incremento injustificado de precios en los medicamentos adjudicados.
Los números de la corrupción
Según la evidencia, las empresas Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el 93% de más de 30.000 millones de pesos en adjudicaciones durante el periodo auditado, revelando un sistema bien orquestado de corrupción que afectó gravemente a la administración pública y a los beneficiarios del Programa Incluir Salud.
