Uno de los puntos más controversiales del borrador de la reforma es el que se refiere a las vacaciones. La propuesta sugiere que los empleadores otorguen la licencia anual entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque se permitirá modificaciones mediante acuerdos sectoriales.

Asimismo, se contempla la posibilidad de fraccionar el periodo de descanso en segmentos de al menos una semana, con la obligación de notificar la fecha de inicio por escrito con 45 días de antelación, a menos que existan regulaciones específicas en convenios colectivos.

Aspectos Clave de la Iniciativa

El borrador incluye propuestas sobre el registro laboral, la duración de la jornada laboral, licencias por enfermedad, beneficios sociales, indemnizaciones y la regulación de actividades esenciales. Notablemente, se plantea cambiar la responsabilidad de las empresas principales en contratos tercerizados a subsidiarias, a menos que se presenten irregularidades, además de dar facultades al empleador para modificar las condiciones laborales sin afectar al trabajador.

También se busca ampliar los beneficios sociales no remunerativos, incluir componentes salariales dinámicos y establecer bancos de horas a través de convenios colectivos. En caso de enfermedad o accidente, se garantizaría el 80% del salario neto, y se propone unificarse la indemnización por despido a un mes de salario por año trabajado, con opciones de canje por fondos de cese laboral o seguros específicos.

Reacciones de los Sindicatos

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado a través de figuras como Gerardo Martínez, conductor de UOCRA, que “no existe consenso” respecto a la reforma impulsada por el Gobierno. Los sindicatos argumentan que la falta de acceso al texto completo del proyecto refleja una carencia de diálogo real con el Ejecutivo, lo que amenaza con generar movilizaciones o protestas si no se llega a un acuerdo.

La Visión de los Empresarios

En contraste, diversas organizaciones empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA), señalan la necesidad de actualizar las normas laborales para reducir la informalidad en el empleo. Con un 43,2% de los trabajadores en esta situación, los empresarios abogan por mejorar la competitividad y disminuir costos relacionados con litigiosidad. Martín Rappallini, presidente de la UIA, enfatiza la importancia de flexibilidad en la administración de recursos humanos.

Figuras como Paolo Rocca de Techint y Claudio Belocopitt de Swiss Medical han subrayado la importancia de no presentar los cambios como un retroceso en derechos laborales. Aseguran que es fundamental acabar con los “abusos” en los litigios laborales que afectan a las pequeñas y medianas empresas, y destacar la obsolescencia del marco laboral actual, que muchos consideran un obstáculo para la creación de nuevos empleos.

El panorama actual, en el que coexisten la urgencia del Gobierno por implementar estos cambios y la resistencia de los sindicatos, genera un ambiente de incertidumbre. La presentación formal del proyecto será un momento decisivo para determinar si se alcanzará un consenso o si la situación estallará en un enfrentamiento abierto entre el poder político, empresas y trabajadores en toda Argentina.