El conflicto en Villa La Angostura se reavivó cuando el juez Francisco Astoul Bonorino emitió una resolución que ordena el desalojo de un camping situado en la costa del Lago Correntoso. Este establecimiento ha sido utilizado por la comunidad mapuche desde 2011. Sin embargo, después de conocer la determinación judicial, los representantes de la comunidad han afirmado su intención de mantenerse en el lugar y resistir cualquier intento de desalojo.

Posición firme de la comunidad mapuche

La comunidad Paicil Antriao se pronunció en un comunicado rechazando la orden de restitución del camping y criticando fuertemente la decisión del juez. Sostienen que el fallo ignora los derechos históricos que les asisten y favorece a desarrolladores inmobiliarios externos a la región.

Incertidumbre ante un posible operativo policial

Damián Olivero, vocero de la comunidad, destacó que el juez no tuvo en cuenta los estudios de relevamiento territorial que siguen pendientes de finalización. Además, expresó su preocupación por un eventual operativo policial, recordando antecedentes de desalojos violentos en la zona turística.

El vínculo entre la comunidad Paicil Antriao y el camping ha sido objeto de un largo proceso judicial. Aunque se reconoció la historia de familias mapuche en la zona, la ocupación del camping, que antes estaba bajo concesión municipal, originó un litigio que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que en 2024 confirmó que el predio debía ser devuelto al municipio.

Conflictos paralelos en la región

Además de este conflicto, la comunidad Paicil Antriao ha estado involucrada en otros enfrentamientos, como bloqueos a la construcción de la ruta de Circunvalación. También ha tenido disputas con figuras públicas, como el exbasquetbolista Manu Ginóbili, por terrenos en el cerro Belvedere.

En otras zonas, como Villa Mascardi, la comunidad Lafken Winkul Mapu ha permanecido en un terreno desalojado, lo que ha requerido que el gobierno nacional mantenga intensos operativos de seguridad para prevenir nuevas ocupaciones.

Con el plazo judicial en marcha, la preocupación crece por la posibilidad de una intervención policial en Villa La Angostura. La comunidad ha señalado que cualquier consecuencia del desalojo será responsabilidad del gobernador Rolando Figueroa y del municipio, mientras se reavivan los debates sobre derechos de tierras, ancestralidad y las tensiones entre comunidades indígenas, gobiernos y desarrolladores en áreas de alto valor turístico de la Patagonia.