Iniciativa del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social de Argentina ha presentado un anteproyecto de ley a audiencia pública, orientado a salvaguardar a los trabajadores que denuncian irregularidades en sus lugares de trabajo. Esta propuesta estará abierta a aportes hasta el 10 de diciembre y busca garantizar que aquellos que revelan actividades ilegales no sufran represalias, tales como despidos injustificados, los cuales podrían ser considerados nulos.

Modificaciones Clave en la Legislación

A pesar de la existencia de la Ley de Protección de los Informantes, aprobada en 2023 y derivada de normativas europeas, el Ministerio señala que su efectividad es insuficiente. Por esta razón, busca realizar ajustes significativos en el Estatuto de los Trabajadores para fortalecer la protección laboral de quienes informan sobre infracciones.

Blindaje contra Despidos por Denuncias

El anteproyecto establece que cualquier despido relacionado con la denuncia de actividades ilícitas será declarado nulo. Hasta ahora, el sistema permitía únicamente considerar el despido como improcedente, garantizando una indemnización, pero sin asegurar una posible readmisión del trabajador afectado.

Extensión de la Protección

Uno de los aspectos más innovadores es la extensión de la protección durante el período de prueba, el cual históricamente permitía a las empresas despedir sin justificación. Bajo el nuevo marco legal, despedir a un trabajador durante este tiempo, especialmente si se relaciona con denuncias, será considerado nulo.

Medidas Contra Represalias Empresariales

El nuevo texto legislativo no solo convierte nulos los despidos, sino que también prohíbe cualquier acción que busque discriminar o perjudicar a quienes denuncian irregularidades, como cambios injustificados de puesto o reducción de responsabilidades. Esta norma busca ofrecer una cobertura completa contra posibles represalias encubiertas.

Ampliación de los Derechos de los Denunciantes

Además, el anteproyecto amplía la protección a extrabajadores, candidatos en búsqueda laboral, y hasta familiares de quienes denuncian. De esta manera, se asegura que cualquier individuo que pueda ser objeto de represalias esté amparado legalmente, sin importar su vínculo laboral actual.

Importancia de Proteger el Derecho a Denunciar

La iniciativa responde a un contexto donde muchos trabajadores temen hablar por miedo a perder su empleo. Al garantizar la nulidad de despidos y amplificar las protecciones disponibles, el Ministerio de Trabajo espera reducir el temor a las represalias y fomentar un ambiente más transparente dentro de las organizaciones.

Conclusión del Ministerio

El departamento liderado por Yolanda Díaz defiende que este anteproyecto no solo se ajusta a las normativas nacionales y europeas, sino que promete ofrecer una protección más efectiva para aquellos que se atrevan a denunciar corrupción y malas prácticas laborales.