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El fiscal Franco Picardi intensifica la investigación sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, citando a 15 implicados, incluido el exdirector Diego Spagnuolo.
La demanda de justicia avanza con firmeza en la causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal federal Franco Picardi ha dejado atrás el secreto de sumario y ha convocado a declaración indagatoria al exdirector Spagnuolo, así como a otros 14 implicados, entre exfuncionarios y empresarios del sector de droguerías.
Indicios de una organización delictiva
La investigación detectó la posible existencia de una “organización delictiva” que operaba en torno a la compra de medicamentos e insumos de alto costo. Se analizan maniobras de sobreprecios y el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos.
Cargos bajo la lupa
El exnúmero dos de Spagnuolo, Daniel Garbellini, también fue citado a declarar. El fiscal afirma haber encontrado pruebas de que Garbellini podría haber establecido un “sistema paralelo de pedido de coimas” dentro de la agencia.
La controversia de los audios
El caso se originó en agosto tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se menciona un posible esquema de retornos del 3% por parte de droguerías. Aunque los nombres de la secretaria general, Karina Milei, y de “Lule” Menem aparecen en las grabaciones, el fiscal aclara que no están imputados en la causa.
Efectos en el Programa Incluir Salud
La fiscalía sostiene que las maniobras investigadas perjudican gravemente a la administración pública, afectando a los beneficiarios del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas en situaciones vulnerables.
La defensa de Spagnuolo
La estrategia del abogado Mauricio D’Alessandro, que representa a Spagnuolo, se basa en declarar la nulidad de la causa. Aseguran que los audios son falsos o editados. Spagnuolo argumenta que no reconoce haber sostenido esas conversaciones.
Privación de contacto y acciones sospechosas
Tras la difusión de los audios, Spagnuolo fue destituido por un decreto del presidente Javier Milei, desde entonces ha mantenido distancia del Gobierno y ha reanudado su carrera como abogado. No obstante, el fiscal ha identificado acciones sospechosas, como el borrado de información de su celular justo antes de los allanamientos.
