La Controversia de la Ley de Glaciares: Un Riesgo para el Agua en Argentina
La posible modificación de la Ley de Glaciares por parte del gobierno argentino genera preocupaciones sobre el futuro del recurso hídrico en el país. Activistas y especialistas advierten sobre las consecuencias que esto podría acarrear para millones de argentinos.
Agostina Rossi Serra, experta en biodiversidad de Greenpeace Argentina, expresa su firme oposición a los cambios propuestos: “La Ley de Glaciares protege un recurso único y finito: el agua. El retroceso ambiental derivado de esta modificación pondrá en riesgo el acceso al agua para millones de argentinos”. La ley, sancionada en 2010, fue una conquista de la sociedad civil, que estableció un marco de protección para los glaciares, vitales en la lucha contra la crisis climática.
La Propuesta del Gobierno y sus Implicaciones
Recientemente, el Presidente Javier Milei anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Glaciares, con el argumento de devolver “federalismo” a las provincias. Esta idea, promovida por el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostiene que cada provincia debería poder gestionar las áreas periglaciares. “Es el momento de que nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que tenemos”, aseguró Milei en un encuentro con empresarios.
La Postura de Greenpeace
Greenpeace subraya que la legislación actual es crucial para preservar estos ecosistemas, argumentando que la normativa original prohíbe actividades que podrían dañarlos, como la minería y la explotación hidrocarburífera. Rossi Serra recalca la importancia de mantener la ley tal como está: “Este marco de protección es único en la región y deberíamos sentir orgullo de él. No podemos permitir que se modifique; sería una condena al agua de los argentinos”.
El Contexto de la Controversia
El gobierno busca flexibilizar la ley para favorecer inversiones contempladas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), especialmente en proyectos mineros en zonas protegidas, como en la provincia de San Juan, donde se propone la extracción de cobre. Sin embargo, esta intención ha generado un profundo malestar en organizaciones ecologistas y ciudadanos preocupados por la protección del agua.
La Ley de Glaciares, promovida por millones de personas y múltiples organizaciones civiles, estableció salvaguardias para proteger estos glaciares y el ambiente periglacial. Sin embargo, algunos de sus artículos clave quedaron sin reglamentar desde su sanción, lo que dificulta su aplicación efectiva. El artículo 1 y el artículo 6, que deben definir con precisión las zonas “glaciares” y “periglaciares”, son esenciales para garantizar la protección del recurso hídrico en el futuro.
