El reciente cuestionamiento a una senadora nacional por su presunta vinculación con un proceso de narcotráfico reabre un importante diálogo sobre la relación entre la voluntad popular y la calidad de nuestros representantes. Este tema nos lleva a analizar dos enfoques constitucionales: el formalista y el sustancialista.

Enfoques sobre la Idoneidad de los Funcionarios

La perspectiva formalista se centra exclusivamente en los requisitos técnicos, como la edad y la validez de la elección, tal como lo estipula el artículo 64 de la Constitución Nacional. Según esta visión, cada cámara del Congreso se convierte en juez de los títulos de sus miembros. Por lo tanto, si un candidato cumple con los requisitos formales, su elección es válida por derecho.

El Enfoque Sustancialista

Por otro lado, el enfoque sustancialista amplía el espectro de evaluación. Aquí se considera no solo lo formal, sino también la idoneidad republicana, tal como se establece en el artículo 16 y otros preceptos de la Constitución. Este enfoque permite una visión más holística sobre quiénes deben ocupar cargos públicos, integrando aspectos morales y técnicos en la evaluación de candidatos.

El Caso Bussi: Un Antecedente Clave

Un ejemplo relevante es el caso de «Bussi», que llegó hasta la Corte Suprema. En esta instancia, se encontraron dos posturas claras. Mientras algunos magistrados defendieron el criterio formalista, argumentando que la mera elección pública es suficiente, otros abogaron por un enfoque más amplio, enfatizando la necesidad de evaluar también la idoneidad moral y técnica de los candidatos.

Los magistrados que sostuvieron la visión sustancialista argumentaron que limitarse a lo formal pondría en riesgo la esencia de la responsabilidad en el gobierno republicano. Ellos afirmaron que la decisión popular debe estar siempre alineada con el orden público y los principios republicanos.

Facultades del Congreso: Un Contrapeso Necesario

Es importante destacar que la Constitución permite a las Cámaras sancionar y expulsar a sus miembros por inhabilidad moral. Esto indica que no solo se debe considerar la elección popular, sino también la responsabilidad de las instituciones en proteger la integridad del sistema democrático. En este sentido, impedir el juramento de una persona previamente conocida por su inhabilidad moral es una acción que refuerza la legitimidad del proceso electoral.

Así, el control que ejercen las Cámaras no es meramente formal, sino que también integra aspectos sustanciales que garantizan que la voluntad del pueblo se traduzca en una representación digna y responsable.

(*) El autor es abogado y profesor en Derecho Constitucional y Derecho Aduanero.