El martes, la ciudad de Khost fue testigo de la ejecución de un hombre condenado por el violento crimen. Este evento, ocurrido en un estadio, atrajo a decenas de miles de asistentes y representó la undécima ejecución pública desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.

Un Proceso Judicial Cuestionado

La ejecución se llevó a cabo tras un proceso judicial en el que se confirmó la pena de muerte en varias instancias, incluyendo la Corte Suprema, y fue finalmente sancionada por el líder talibán, Hibatullah Akhundzada. El hombre fue ejecutado a tiros por un familiar de sus víctimas, de acuerdo a las autoridades de Khost.

Un Crimen Horrendo

El condenado había sido parte de un grupo que irrumpió en el hogar de la familia, perpetrando un ataque en el que murieron 13 personas, entre ellas nueve niños y su madre. Aunque se les ofreció la posibilidad de reconciliación a los familiares de las víctimas, decidieron solicitar la pena de muerte, según informó la Corte Suprema.

Reacciones Internacionales

Antes de la ejecución, Richard Bennett, Relator Especial de la ONU para Afganistán, instó a detener el acto. A través de un mensaje en X, denunció que «las ejecuciones públicas son inhumanas y contrarias al derecho internacional».

La ONU ha expresado repetidamente su desaprobación hacia las ejecuciones y castigos brutales que se han reestablecido bajo el régimen talibán. Bennett también había mencionado en octubre que la aplicación de la pena de muerte es especialmente preocupante, ya que el sistema judicial talibán carece de independencia y de un debido proceso adecuado.

Retorno de la Interpretación Radical de la Ley Islámica

Desde su llegada al poder, los talibanes han impuesto una interpretación estricta de la Sharia, trayendo consigo un aumento de las ejecuciones públicas y restricciones severas para mujeres y niñas, que se ven excluidas de la educación secundaria y universitaria, así como de muchas oportunidades laborales.