Según las denuncias, la Unión Transitoria de Empresas, formada por ESUCO S.A. y RIVA S.A., habría estado implicada en un circuito de dinero negro que facilitó el desvío de fondos durante la ejecución de esta emblemática obra, que se adjudicó en 2008 por un total de aproximadamente 925 millones de pesos.

Un Esquema de Corrupción Revelado

La fiscalía señala que la causa conocida como «Cuadernos» investiga un systema de recaudación ilegal orquestado por funcionarios del kirchnerismo, apoyado por contratistas que buscaban asegurar sus contratos de obra pública. En este entramado, Enrique Wagner, CEO de ESUCO, ha proporcionado declaraciones como arrepentido, reconociendo que realizó pagos ilícitos a Roberto Baratta, un funcionario que actuaba como intermediario.

Las acusaciones se sustentan en documentos oficiales, como la resolución MPFIPyS N.º 1517/2008, que detalla la adjudicación de la obra. Wagner afirmó que la corrupción estaba institucionalizada, con un porcentaje de “retornos” de entre el 10 y el 20% del valor de cada proyecto.

Los Detalles de las Entregas Ilegales

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno, pieza clave de esta investigación, han sido fundamentales. Estas notas revelan traslados de grandes sumas de dinero, incluyendo un bolso con un millón de dólares y otro con 500 mil, que habrían sido llevados a Uruguay y a la residencia de la familia Kirchner, según registros de Centeno. En su cuaderno se detalla explícitamente: “Llevamos todo a Uruguay 1306 para entregar a Daniel Muñoz”, refiriéndose al secretario de Néstor Kirchner.

La Estructura de la Corrupción

Los testimonios de Wagner y las anotaciones de Centeno pintan un cuadro minucioso del flujo de sobornos, corroborado por interacciones telefónicas entre Wagner y Baratta. El exsecretario de Obras Públicas, José López, supervisó la licitación del Centro Cultural, manejando un sistema de competencia aparente entre empresas, detrás del cual operaba una dependencia de pagos ilegales.

Wagner ha declarado que la recolección de sobornos se mantuvo «hasta el final del gobierno de Cristina Fernández», y sus declaraciones, junto con todos los testimonios y documentos, forman la base para el juicio que se avecina en el Tribunal Oral Federal 7.

La investigación, que involucra a más de 85 acusados, continúa desnudando las prácticas corruptas que caracterizaron a una década de gobierno, dejando al descubierto un sistema que ha manchado la gestión pública en Argentina.